El surrealismo de una investidura
Pasando por encima de su lealtad a la Corona, por encima de sus propias convicciones electoralistas, por encima de los autos de imputación por terrorismo de la Audiencia Nacional, por encima de la contradictoria declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial, por encima de las aversiones de algunos miembros históricos y ya no tan históricos de su propio partido político, por encima de la advertencia antidemocrática comunicada por parte de la asociación mayoritaria de Jueces (APM), por encima de la manifiesta denuncia de la principal asociación de Fiscales (AF), por encima de la oposición de los principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil…, y lo más humillante, por encima de la soberanía del pueblo, en tanto que ejercimos nuestro derecho al voto creyendo que la ley de amnistía, sin ningún género de dudas (a tenor de sus propias declaraciones), no tenía cabida en la Constitución.
Por muy surrealista que pudiera parecernos, el personaje que hasta hace poco se vanagloriaba porque pasaría a la historia por haber exhumado al golpista dictador del Valle de los Caídos, una vez más, haciendo alarde de sus camaleónicos cambios de opinión, ha dado un nuevo giro y ha decidido pasar a la historia por ser el artífice mayor que amnistió a un golpista que, sin haber mostrado la más mínima señal de arrepentimiento, se jactó, se jacta y seguirá jactándose con burlas de nuestra Constitución.
Un surrealismo que alcanzaría su máxima plenitud, si para colmo el Tribunal que tiene encomendada la responsabilidad de velar por el respeto de todos los preceptos de nuestra carta magna, precisamente la Constitución, no denuncia un mínimo atisbo punible en donde la mayoría de los ciudadanos, sin otra mira que nuestra propia dignidad, vislumbramos al vuelo hechos delictivos que, cuanto menos, atentan contra los valores fundamentales de un Estado Democrático de Derecho.
Si “hacer de la necesidad una virtud” exige tirar por la borda, de manera atroz pero impune, entre otros derechos, el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley; en adelante, distinguir entre el “progresismo sanchista” y el autoritarismo, no nos va a resultar tarea fácil.
¡Ojalá se trate de una falsa premonición!
