La factura política del biogás: cuando los vecinos llegan los últimos a la información
Hubo un tiempo en que las grandes infraestructuras se anunciaban con maquetas, reuniones vecinales y explicaciones públicas. Hoy parece que algunas aparecen cuando los expedientes ya están sobre la mesa y los vecinos descubren que el debate llega tarde.
Eso es exactamente lo que ha ocurrido con la planta de biometano proyectada en Baena.
Porque conviene aclarar algo desde el principio. La polémica no nació cuando Ecologistas en Acción organizó una charla informativa. Tampoco cuando Izquierda Unida llevó mociones a los plenos ni cuando comenzaron a circular dudas sobre olores, digestatos o tráfico pesado.
La polémica comenzó mucho antes.
Comenzó el día en que un proyecto de enorme impacto territorial empezó a tramitarse sin que la ciudadanía tuviera una explicación clara, accesible y continuada de qué se pretendía construir, por qué se pretendía construir y cuáles serían sus consecuencias reales. Y esa responsabilidad no corresponde a los vecinos:
Corresponde a quienes gobiernan.
Porque a estas alturas nadie puede sostener seriamente que el Ayuntamiento desconociera la existencia del proyecto. El expediente urbanístico se remonta a 2024, existe un informe de compatibilidad urbanística emitido por los servicios técnicos municipales y la propia iniciativa ha requerido numerosos trámites administrativos previos.
Sin embargo, durante meses la sensación predominante entre buena parte de la ciudadanía fue la de ir descubriendo el proyecto a cuentagotas.
Ese ha sido el error político fundamental.
No porque la planta sea necesariamente buena o mala. No porque el biometano sea una energía renovable o deje de serlo. Sino porque cuando las instituciones no lideran la información, el vacío acaba llenándose de sospechas.
Y eso es exactamente lo que ocurrió.
Mientras la Junta de Andalucía impulsa públicamente el desarrollo del biogás como una tecnología estratégica para la transición energética y la gestión de residuos orgánicos, en Baena el debate fue avanzando sin que existiera una explicación institucional capaz de anticiparse a las dudas vecinales.
El resultado era previsible. Cada documento que aparecía generaba más preguntas. Cada trámite administrativo alimentaba nuevas sospechas.
Y cada silencio institucional reforzaba la percepción de que algo se estaba ocultando, aunque los expedientes estuvieran disponibles para quien supiera dónde buscarlos.
Porque una cosa es que la información exista y otra muy distinta que sea transparente.
La transparencia no consiste en colgar cientos de páginas en un portal administrativo. Consiste en explicar. Consiste en comparecer. Consiste en responder preguntas incómodas. Consiste en asumir que una instalación que tratará más de cien toneladas diarias de residuos no puede gestionarse comunicativamente como si se tratara de una licencia menor.
Lo más llamativo es que la discusión pública sigue girando alrededor de los olores, los camiones o los digestatos cuando el verdadero problema es otro.
El precedente que nadie debería ignorar
Quienes hoy presentan las dudas ciudadanas como una reacción exagerada harían bien en mirar lo que está ocurriendo en el resto de la provincia.Es parte de un fenómeno que se repite una y otra vez allí donde se anuncian proyectos de gran dimensión vinculados al biogás y al biometano.
En Fuente Carreteros, la movilización vecinal contra la planta proyectada en el entorno de Écija llevó al propio Ayuntamiento a posicionarse públicamente contra el proyecto, alertando de posibles impactos asociados al tráfico pesado, los olores y la proximidad a núcleos habitados. El alcalde Alberto Ruiz llegó a defender en la Diputación de Córdoba que el problema no era el biogás en sí mismo, sino el modelo de macroplantas impulsado por grandes fondos de inversión y empresas energéticas.
En Cabra, la aparición de varios proyectos energéticos, entre ellos iniciativas relacionadas con el biometano, provocó la creación de plataformas ciudadanas y movimientos vecinales que denunciaban la falta de planificación territorial y reclamaban mayor participación pública en la toma de decisiones.
Montilla también ha visto cómo colectivos ecologistas advertían sobre los riesgos de concentrar este tipo de instalaciones sin una regulación específica que determine capacidades de carga, disponibilidad real de residuos y distancias mínimas respecto a zonas habitadas.
La preocupación ha llegado incluso a la Diputación de Córdoba, donde PSOE e Izquierda Unida promovieron iniciativas reclamando una normativa autonómica específica, más controles ambientales, estudios independientes sobre olores y salud pública, así como una moratoria temporal para evaluar el impacto acumulativo de los proyectos que se encuentran en tramitación.
Cuando municipios tan distintos, gobernados por partidos diferentes y con realidades económicas distintas empiezan a formular las mismas preguntas, quizá el problema ya no pueda reducirse a una simple campaña de oposición política.
La ausencia de planificación política.
Porque ni siquiera quienes apoyan el proyecto han logrado explicar con claridad por qué Baena debe asumir esta instalación concreta y cuáles serán los beneficios tangibles para el municipio más allá de los argumentos generales sobre economía circular o transición energética.
Y tampoco quienes se oponen han demostrado todavía que los impactos anunciados vayan a producirse necesariamente. Entre unos y otros, los ciudadanos siguen esperando respuestas.
No consignas. No titulares. No declaraciones cruzadas: Respuestas.
Porque una administración no está para convencer a los vecinos de que un proyecto es bueno. Está para garantizar que los vecinos conozcan toda la verdad antes de que el proyecto se convierta en una realidad.
Y esa asignatura, hasta ahora, sigue pendiente.
