El sector agrario protesta en Córdoba contra la reforma de la PAC.

Las organizaciones representativas del sector agrario cordobés -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias-, con el apoyo presencial de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y los sindicatos CCOO y UGT, protagonizaron hoy en Córdoba una protesta en la Subdelegación del Gobierno en contra de la propuesta de la reforma de la Política Agraria Común (PAC)  que plantea el Ministerio de Agricultura, cuyo primer paso debe ser “la retirada del real decreto de convergencia brusca aprobado por el Gobierno de España de forma unilateral” y, cuyo segundo paso, debe ser la creación de una mesa de diálogo real con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para el Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.

  El presidente de ASAJA Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, el secretario general de UPA-Andalucía, Miguel Cobos, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Juan Rafael Leal, lamentaron que el principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los próximos años pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual eliminando también los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Las organizaciones recuerdan que, en el marco actual 2014-2020, se reconoció la diversidad productiva cordobesa y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.

De no cambiarse la propuesta del ministerio, supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, para los más de 40.000 perceptores de las ayudas PAC cordobeses.

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