El Foro Andaluz de Bienestar Mental expone a los candidatos de las elecciones autonómicas los ejes fundamentales de la política sociosanitaria

          Después de más de 25 años de estudio y análisis, exponen los elementos fundamentales sobre los que deben girar la política en materia de salud mental.

          El Artículo 22-3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone que: “Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes”.

         Este artículo sitúa a las personas con enfermedad mental como titulares de un derecho fundamental a un tratamiento específico acorde a sus patologías. Es por ello por lo que deben de ser atendidos por la Junta de Andalucía de manera preferente y eficaz.

         Para garantizar este derecho fundamental, plantea 3 puntos directrices:

1º) FOMENTAR E INCENTIVAR LOS PROGRAMAS DE APOYO GESTIONADOS POR FAISEM (FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL)

         A.- FAISEM es un recurso de Salud Mental. De acuerdo con el método de abordaje de las anomalías y trastornos mentales, BIO-PSICO-SOCIAL, corresponde a la última fase del tratamiento y atañe a los aspectos de recursos habitacionales (casas hogar, viviendas supervisadas, etc.…) así como ocupación laboral (acceso al empleo, centros de día, etc.…)

         B.- La protección de la salud es un deber de los poderes públicos (Art. 43 de la Constitución Española) y la más genuina manifestación del Estado de Bienestar. Esta atención no puede medirse con criterios mercantilistas ni de rentabilidad. La prestación de este servicio es “por concepto” deficitaria para el Estado y se sufraga con los impuestos.

         C.- El mercado no ofrece alternativas a las prestaciones públicas en salud mental. Los gobiernos tienen la legítima potestad de organizar la prestación de los servicios que les competen como consideren más conveniente pero lo que no deben es prescindir de la realidad. A diferencia de otros servicios, como las Residencias de Mayores o Centros de Personas con Discapacidad donde existe una solvente y mayoritaria oferta privada, eso no ocurre en el ámbito de la salud mental. No existen empresas que oferten estos servicios por lo que la eventual privatización está abocada al fracaso. Por otro lado, también resulta necesaria la ampliación de plazas residenciales concertadas para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, así como la adecuación del coste plaza pagado por la Junta de Andalucía al coste real soportado por las entidades.

2.- IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE LOS ETIC (EQUIPOS DE ATENCIÓN INTENSIVA EN LA COMUNIDAD) Y DELIMITACIÓN DE SUS FUNCIONES

         A.- Doble ámbito de actuación en salud mental

         La enfermedad mental presenta una particularidad que la distingue de cualesquiera otras y que determina de modo decisivo los recursos para abordarla, esto es, hay una parte de los pacientes que, bien porque carecen de conciencia de enfermedad, bien porque consideran que inapropiado lo que se les ofrece, “no acuden voluntariamente a los dispositivos y recursos sanitarios (Centros de Salud, Equipos de Salud Mental).

         La ley sabe que eso es así, por eso prevé atención tanto “en los dispositivos” como “fuera de los dispositivos sanitarios”. El ya aludido Artículo 20 de la Ley General de Sanidad hace referencia. 1.- Sobre la base de la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización.De este modo, “la atención a domicilio” y, en su caso, en la calle para los que carecen de él, es crucial para que esta importante parte de pacientes mentales reciban asistencia.

         B.- Trasladar las oportunas instrucciones para acabar con la obstinada resistencia de algunos profesionales de salud mental de no atender a los pacientes que se sitúan “fuera del sistema”.

         A pesar de los muchos años transcurridos, los servicios de salud mental se resisten a salir en busca del paciente que no quiere ser tratado, dejándole a su suerte. Muchos acaban en el Juzgado de Guardia y más pronto que tarde, en prisión.

         C. La verdadera función de los ETIC De hecho, se pretenden utilizar los ETIC para realizar visitas domiciliarias a los pacientes que previa y dócilmente ha acudido a al Equipo de Salud Mental. Está muy bien el seguimiento domiciliario, pero no es esta solo ni la principal función de los ETIC, sino actuar e intervenir respecto de los que no acuden, precisamente para trabajar con ellos la adherencia al tratamiento. Igualmente, los ETIC están llamados a atender y cubrir todas los avisos y emergencias que se produzcan respecto de este colectivo de pacientes, ya sea a requerimiento de familiares, vecinos, ciudadanos, Fuerzas de Seguridad, etc…

3.- PROPUESTA DE AMPLIACIÓN DE COMPETENCIA DEL SAVA (SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA) A LOS AMBITOS DEL TRASTORNO MENTAL Y DISCAPACIDAD PSIQUICA.

         Fundamentamos esta propuesta en la abrumadora presencia de personas con trastorno mental y discapacidad psíquica en los Juzgados de Guardia en calidad de detenidos, así como en los Centros Penitenciarios. Basta acudir a los datos, como por ejemplo los ofrecidos por la encuesta de la Fiscalía de Córdoba para constatar este hecho. Si se estableciera en el Juzgado de Guardia un dispositivo de competencias similares al SAVA para que se ocupe de atender, tramitar y derivar las cuestiones de índole “social o prestacional” de las Personas con Discapacidad presentes en el Juzgado de Guardia, ya fuera en calidad de víctimas como de detenidos, evitaríamos que muchos de estas personas, acaben en los Centros Penitenciarios.

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