El campo andaluz contra el respaldo de Bruselas a la política de Luis Planas en la elaboración del Plan Estratégico de la PAC

El sector agrario andaluz, representado por ASAJA-Andalucía, COAG-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, lamenta que la Comisión Europea haya validado políticamente el Plan Estratégico de Luis Planas, que previsiblemente tendrá el visto bueno en unas semanas para su puesta en marcha a partir del 1 de enero de 2023. La hoja de ruta del Ministerio de Agricultura hurta 500 millones de euros a la principal región agraria de España, además de penalizar su apuesta por la diversificación y la sostenibilidad, señas de identidad del sistema agroalimentario andaluz.

El Plan es fruto de la política autoritaria de Luis Planas, que lo ha redactado sin diálogo, sin estudio de impacto y sin criterios técnicos o agronómicos, priorizando los intereses de algunos territorios, cargándose el modelo social y profesional de agricultura en beneficio de los fondos de inversión y obviando el rechazo unánime del campo andaluz, el que cultivan uno de cada tres perceptores españoles de la PAC. El consenso brilla por su ausencia en un documento que generará desequilibrios y agravios territoriales.

Como recuerdan ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, el titular de Agricultura ha hecho caso omiso de las reivindicaciones de los productores andaluces y ha enviado el documento definitivo sin que los beneficiarios del mismo, que no son otros que los agricultores y los ganaderos españoles, conozcan la letra pequeña.

Los representantes del agro andaluz critican la hipocresía de Luis Planas al asegurar que el Plan Estratégico de España es “muy equilibrado” cuando en ningún momento ha puesto sobre la mesa los estudios económicos y de impacto que se le han solicitado por activa y por pasiva. Si bien, los datos manejados desde Andalucía señalan claramente que las medidas propuestas por el Ministerio provocarán un descalabro económico en el territorio y un trasvase de ayudas desde esta región a otras comunidades.

Como recuerdan las organizaciones firmantes, el Plan Estratégico de Luis Planas perjudica gravemente al actual sistema agroalimentario andaluz. Primero, porque penaliza la diversidad productiva al reducir el número de regiones (de las 50 actuales a 20) y porque su reconfiguración es muy lesiva para Andalucía, ya que algunas de las comarcas agrarias que más ayudas de pago básico generaron en las provincias de Sevilla, Jaén o Huelva quedan degradadas y se integran en regiones menos productivas. Esta discriminación se evidencia, por ejemplo, en que a nivel estatal se han configurado dos regiones de pastos y solo una de regadío.

En segundo lugar, el número de ecoesquemas y el reparto de los fondos de esta partida propuesto por el Ministerio es a todas luces insuficiente si se quiere impulsar una producción agraria más verde, como señala Bruselas. Además, para el campo andaluz es un error no vincular esta arquitectura medioambiental a las regiones productivas. Por ello, las organizaciones esperan que la falta de consenso entre los Estados miembro sobre la aplicación de este nuevo sistema, unida a la situación de incertidumbre creada por la guerra en Ucrania, retrasen la puesta en marcha y planteen una revisión de la partida que sustituirá al pago verde.

Como ya señalaron en su momento las organizaciones firmantes, el impacto de estas medidas será dramático para los agricultores y los ganaderos andaluces, que en la actual crisis provocada por el incremento de los costes de producción se aferran a la PAC como única vía para salvaguardar la rentabilidad de las explotaciones andaluzas. Los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía indican que la nueva PAC provocará una merma del 30% en las ayudas de 750.000 hectáreas de secano, la pérdida del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual por 700.000 hectáreas de olivar y una reducción de entre el 30 y el 40% de las ayudas de todo el regadío.

Para el campo andaluz la luz verde de Bruselas al Plan Estratégico de Luis Planas es la peor noticia que podían recibir los agricultores y los ganaderos de la comunidad, pues su aplicación se traducirá en unas pérdidas irreversibles. Con su modus operandi, el Ministerio de Agricultura, con el apoyo de la Comisión Europea, ha perpetrado un atentado contra la capacidad productiva, contra la viabilidad de las explotaciones agrarias de la comunidad y contra un sector que fija población y genera riqueza en el entorno rural.

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