Córdoba pierde casi un 10% de guardias civiles en cuatro años: alarma por el déficit de seguridad y el aumento de vacantes
La seguridad en la provincia de Córdoba atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, con un retroceso que ya impacta incluso en los principales núcleos operativos. El Puesto Principal de Baena ha visto reducida su plantilla en un 2%, un dato que, aunque moderado, simboliza una tendencia generalizada de pérdida de efectivos. Así lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que alerta de una caída global del 9,8% de agentes de la Guardia Civil en la provincia entre 2022 y 2026.
Un déficit estructural que se agrava año tras año
La evolución de la plantilla evidencia una caída progresiva. Si en enero de 2025 la reducción ya alcanzaba el 5,8%, en apenas doce meses se han sumado cuatro puntos más. Este descenso no es solo estadístico: se traduce en menos presencia en calles, carreteras y núcleos rurales.
Actualmente, la provincia acumula 231 vacantes sin cubrir, frente a las 165 registradas un año antes. En términos reales, esto supone que falta el 18% de la plantilla que debería existir, un dato que sitúa a Córdoba entre los territorios con mayor déficit de efectivos.
Lejos de corregir el problema, el catálogo oficial —el número mínimo de agentes considerados necesarios— también ha sido reducido un 2,4% en estos años. Una decisión que la propia organización considera incomprensible, especialmente cuando desde instancias internas ya se había reconocido que ese catálogo estaba desfasado y necesitaba ampliarse.
La base operativa, la más debilitada
El impacto es especialmente crítico en la escala básica, la encargada de sostener la operatividad diaria. De las 231 vacantes actuales, 208 corresponden a cabos y guardias, es decir, los agentes que patrullan municipios, vigilan zonas rurales y garantizan la seguridad vial.
A esta situación se suman 16 vacantes de suboficiales y 7 de oficiales, lo que dibuja un panorama de falta de efectivos en todos los niveles. Paradójicamente, el mayor déficit se concentra en quienes sostienen el servicio directo a la ciudadanía.
En paralelo, el personal en reserva —destinado principalmente a tareas administrativas y seguridad en sedes judiciales— ha crecido un 38% desde 2022. Sin embargo, tampoco logra cubrir sus necesidades, ya que mantiene un 18% de vacantes.
Municipios con recortes de hasta el 37% de plantilla
El análisis territorial revela un mapa desigual, pero con un denominador común: la pérdida generalizada de efectivos. En apenas dos años, numerosos municipios han sufrido recortes significativos en sus plantillas de Seguridad Ciudadana.
Casos como Villafranca, con un 37% menos de agentes, o Santa Eufemia y Villa del Río, con descensos del 33%, reflejan la magnitud del problema. A estos se suman Posadas (30%), Torrecampo y Dos Torres (28%) o Fuente Obejuna (25%).
Incluso los grandes puestos han visto mermada su capacidad operativa. Montilla pierde un 20% de efectivos, mientras que Puente Genil, Palma del Río, Priego de Córdoba o Baena también registran caídas, aunque más moderadas.
Unidades clave, en retroceso
El deterioro no solo afecta a la distribución territorial, sino también a áreas estratégicas. Las unidades de Protección y Seguridad han perdido un 12,7% de efectivos en dos años, con especial incidencia en el Núcleo de Servicios de Córdoba, que ha visto reducida su plantilla en un 22% y depende habitualmente de refuerzos externos.
Por su parte, la Seguridad Ciudadana —la primera línea de respuesta ante emergencias— ha sufrido un descenso del 8,4%, mientras que Tráfico también ha retrocedido, aunque de forma más leve, con un 2,5% menos de agentes.
Una provincia en desventaja dentro de Andalucía
La Asociación Unificada de Guardias Civiles insiste en que esta situación no es puntual, sino estructural. Denuncia que Córdoba es una de las provincias que menos efectivos recibe en las convocatorias de vacantes, incluso cuando parte de una de las plantillas más reducidas de Andalucía.
La última asignación de destinos, lejos de reforzar la seguridad, ha mantenido prácticamente inalterada la situación, consolidando un déficit que, según advierten, compromete la capacidad operativa del cuerpo.
Un impacto directo en la seguridad ciudadana
Detrás de los porcentajes hay una realidad tangible: menos patrullas, mayor tiempo de respuesta y una presión creciente sobre los agentes en activo. La reducción de efectivos no solo afecta a la estructura interna del cuerpo, sino que tiene consecuencias directas en la seguridad diaria de miles de ciudadanos.
