La planta de biometano de Baena: dos años de trámites, silencio político y una polémica que ya está en la calle
La historia de la planta de biometano proyectada junto a las instalaciones de Oleícola El Tejar no comenzó cuando los vecinos empezaron a debatir sobre ella en redes sociales ni cuando el Ayuntamiento anunció su oposición. Cuando la polémica llegó a la calle, el expediente llevaba más de un año avanzando por los despachos administrativos.
La cronología resulta especialmente relevante porque permite comprender una de las preguntas que más se repiten hoy en Baena: ¿cómo un proyecto de esta magnitud pudo avanzar durante meses sin generar un debate público de la intensidad que existe actualmente?
El primer paso: septiembre de 2024
La empresa promotora, Hojiblanca Biometano 5 S.L., presentó el 4 de septiembre de 2024 una solicitud de informe de compatibilidad urbanística acompañada de una memoria explicativa para implantar una planta de producción de biometano en los parajes de La Amarguilla y La Pililla, junto a las instalaciones de Oleícola El Tejar.
Dos meses después, el 14 de noviembre, los servicios técnicos municipales emitieron un informe favorable que concluía que el uso industrial proyectado era compatible con el planeamiento urbanístico vigente, aunque requería la tramitación de un proyecto de actuación por tratarse de una actuación extraordinaria en suelo rústico y debía someterse además a informe de incidencia territorial.
Ese documento constituye uno de los pilares de toda la tramitación posterior.
Del expediente técnico al conflicto ciudadano
La controversia comenzó realmente en noviembre de 2025, cuando el Ayuntamiento publicó en la sede electrónica el proyecto de actuación. Aunque la información era pública, la difusión fue escasa y el asunto no saltó al debate ciudadano hasta que la documentación comenzó a circular por redes sociales y grupos de mensajería.
A partir de ese momento crecieron las dudas vecinales y comenzaron las alegaciones de colectivos ecologistas y ciudadanos. Los principales temores se centraron en los olores, el tráfico pesado, la gestión de residuos, el impacto paisajístico y la posible afección a la calidad de vida.
El pleno que abrió el debate político
La polémica dio un salto decisivo en el pleno municipal de noviembre de 2025. Fue entonces cuando el Partido Popular llevó el asunto al apartado de ruegos y preguntas y denunció públicamente la falta de información sobre un proyecto que, según recordó, llevaba más de un año tramitándose en el Ayuntamiento sin que se hubiera producido un debate público. Los populares reclamaron transparencia, acceso a la documentación y explicaciones sobre el alcance real de la instalación.
Aquel debate dejó una imagen política significativa. Mientras el PP cuestionaba la gestión informativa del expediente, Izquierda Unida evitó fijar una posición definitiva sobre la planta. Su portavoz y delegada de Medio Ambiente, Cristina Vidal, explicó que la organización todavía no había adoptado una decisión formal y anunció que sería la asamblea local convocada para el 30 de noviembre la que determinaría la postura oficial del partido. No obstante, dejó claro que IU no respaldaría ninguna instalación que no ofreciera garantías para la salud de la población y la protección del medio ambiente. Tras la asamblea la formación hizo pública su oposición frontal al proyecto, alegando posibles riesgos para la salud pública, falta de información suficiente y la necesidad de paralizar cautelarmente la tramitación hasta disponer de mayores garantías.
La respuesta institucional llegó de la mano de la alcaldesa, María Jesús Serrano, que defendió la legalidad de la tramitación administrativa y recordó que el proyecto se encontraba sometido a exposición pública y pendiente de autorizaciones de la Junta de Andalucía.
Del respaldo técnico a la contestación social
Meses más tarde, el propio Ayuntamiento endurecería su posición anunciando alegaciones contra la Autorización Ambiental Integrada, expresando dudas sobre los olores, el tráfico pesado, la gestión de residuos y la ubicación elegida, además de impulsar un Plan Especial para regular futuras instalaciones de energías renovables en suelo rústico y abrir un proceso de participación ciudadana.
Además, el equipo de gobierno anunció la elaboración de un Plan Especial para regular futuras instalaciones de energías renovables en suelo rústico y abrió la puerta a un proceso de participación ciudadana para definir el modelo territorial que quiere Baena.
PP y Vox: críticas desde perspectivas diferentes
El Partido Popular ha centrado su discurso en la falta de transparencia y de información pública. Los populares sostienen que fueron los primeros en alertar sobre el proyecto y reprochan al gobierno municipal no haber informado antes a la ciudadanía, al sector agrícola ni a la oposición.
No obstante, el PP evita rechazar la tecnología del biometano y defiende que la gestión de los residuos del olivar necesita soluciones, siempre que estas sean compatibles con la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos.
Por su parte, Vox ha planteado una moratoria cautelar de tres años para este tipo de proyectos y reclama que cualquier decisión se adopte tras un amplio proceso de participación ciudadana.
Los agricultores: el actor silencioso de una polémica que les afecta por partida doble
Existe además un actor clave que apenas ha hablado públicamente: los agricultores.
La gestión de los residuos del olivar es uno de los grandes retos del sector y la planta se presenta como una posible solución para valorizar alperujos, alpechines y otros subproductos agrícolas. Sin embargo, muchos agricultores viven también en Baena y observan el debate desde una posición compleja.
Por un lado, reconocen la necesidad de encontrar alternativas para gestionar estos residuos. Por otro, conocen las preocupaciones existentes por los posibles impactos sobre olores, tráfico pesado o calidad de vida, en una localidad donde la actividad industrial ligada al tratamiento del orujo lleva décadas generando controversia.
Ese equilibrio entre necesidad económica y preocupación vecinal explica en gran medida la prudencia que mantiene actualmente una parte importante del sector.
Y precisamente por esa doble condición de beneficiarios potenciales y vecinos afectados, los agricultores se han convertido en el actor más silencioso, pero también en uno de los más decisivos para el futuro del proyecto.
De los despachos a la Plaza de la Constitución
La creciente movilización ciudadana constituye la última prueba de ello. La polémica ha dado ya el salto definitivo a la calle. La Plataforma Stop Biogás ha convocado una concentración el próximo 25 de junio a las 21.00 horas en la Plaza de la Constitución para mostrar su rechazo al proyecto. La movilización cuenta con el apoyo de organizaciones ecologistas y diversos colectivos sociales.
Dos años después de que comenzaran los primeros trámites, el debate ya no gira únicamente sobre una planta de biometano. La cuestión de fondo es cómo compatibilizar la necesaria gestión de los residuos del olivar, uno de los motores económicos de la comarca, con la protección del entorno, la salud pública y la calidad de vida de quienes viven en Baena.
Y esa es una respuesta que, más allá de informes, alegaciones o resoluciones administrativas, deberá construir la propia sociedad baenense en los próximos meses, está todavía por escribir.
