El juzgado abre diligencias por presunta prevaricación en la gestión de la limpieza viaria de Baena y Albendín
El Juzgado de Baena ha iniciado diligencias previas para investigar posibles irregularidades en la gestión del servicio de limpieza viaria del municipio de Baena y su pedanía, Albendín. La actuación judicial se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa y se produce tras la presentación de una denuncia formal que ha activado los primeros pasos de la investigación.
Se trata de una fase inicial del procedimiento penal, orientada a recabar y analizar información con el fin de determinar si existen indicios suficientes que justifiquen la apertura de un juicio oral. En este punto del proceso no se depuran responsabilidades ni se atribuye culpabilidad alguna, primando la presunción de inocencia y el pleno respeto a los derechos de defensa de todas las partes implicadas.
Desde la organización sindical C.T.A., que ha hecho pública esta información a través de una nota de prensa, se subraya el “máximo respeto” al trabajo del juzgado y la confianza en que la investigación se desarrollará con rigor, objetividad y transparencia, en coherencia con los principios del Estado de Derecho. En ese mismo comunicado se confirma que el delegado sindical de C.T.A. ha sido citado a declarar en calidad de perjudicado, un hecho que, según la organización, refuerza la voluntad de colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación judicial pone el foco en un servicio especialmente sensible para la ciudadanía. La limpieza viaria no es solo una cuestión estética, sino un pilar básico para la salud pública, la calidad de vida y la imagen urbana de cualquier municipio. De ahí que la correcta gestión de este tipo de servicios públicos deba regirse, como recuerdan desde C.T.A., por criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y buen gobierno.
En este contexto, la organización sindical insiste en su compromiso con la defensa del interés general y con el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión de la administración pública. Asimismo, reitera su disposición a facilitar cuanta información sea necesaria a las autoridades judiciales y administrativas, siempre dentro del marco legal y con respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas e instituciones afectadas.
