CTA denuncia incumplimientos en el contrato de limpieza viaria en Baena y Albendín y exige responsabilidades políticas

La Central de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha hecho pública la documentación del Decreto de la Fiscalía Provincial de Córdoba, que confirma incumplimientos en la ejecución del contrato de limpieza viaria adjudicado a la UTE Urbaser–Muser Prode en los municipios de Baena y Albendín.

Aunque la Fiscalía ha decidido archivar la vía penal, el decreto aporta datos oficiales que respaldan las denuncias formuladas por CTA en los últimos meses.

Incumplimientos acreditados

El decreto, basado en informes de la Secretaría General del Ayuntamiento, detalla una serie de deficiencias en la prestación del servicio:

• Maquinaria insuficiente: solo disponible 1 de las 2 unidades mínimas, 5 de los 9 carros de barrido y 1 de los 2 vehículos eléctricos comprometidos.

• Mejoras no ejecutadas: no se incorporaron los seis peones adicionales ni el 40 % de incremento de plantilla ofertados en la adjudicación.

• Sistema informático de gestión: pendiente de implantación.

• Deficiencias en el servicio: problemas en el barrido manual, mecánico y mixto, baldeo y limpieza del mercadillo.

• Adaptaciones para personas con discapacidad: incumplidas.

• Sanción laboral: la Inspección de Trabajo impuso el 2 de mayo de 2025 una infracción grave por no registrar la jornada laboral.

Consecuencias para la ciudadanía y la plantilla

En el informe municipal, el propio Secretario General reconoce que, con los medios actuales, el Ayuntamiento no puede garantizar un control exhaustivo de la prestación, lo que provoca retrasos y deficiencias en la corrección de incidencias.

Para CTA, esta situación implica que la ciudadanía de Baena y Albendín recibe un servicio de limpieza deficiente, mientras que la plantilla se enfrenta a sobrecargas de trabajo y falta de recursos materiales.

Exigencia de medidas inmediatas

CTA recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público permite al Ayuntamiento imponer sanciones económicas e incluso resolver el contrato para proteger el interés público. Por ello, la organización sindical reclama:

1. Apertura inmediata de procedimientos sancionadores previstos en la ley.

2. Estudio de la resolución del contrato, si procede.

3. Depuración de responsabilidades políticas por la falta de control municipal que ha permitido los incumplimientos.

“El propio informe del Secretario reconoce que la supervisión ha sido insuficiente. El Ayuntamiento debe actuar con rapidez para garantizar que el servicio se ajuste a lo contratado y que la ciudadanía no sufra las consecuencias”, subraya CTA.