Consulta popular

Hoy en día es cada vez menos probable que los políticos tomen decisiones en contra del criterio técnico, pues esos informes avalan cualquier decisión que puedan tomar y les cubren las espaldas. Pero cuidado, nunca se debe suplantar la soberanía popular por el criterio técnico. No son los técnicos los que gobiernan y los que deciden, es el pueblo a través de sus representantes.

¿Qué ocurre si un proyecto tiene todos los informes técnicos en orden, pero la ciudadanía no lo quiere? Los políticos deben mojarse. El pueblo no necesita ser tutelado, no necesita que políticos y técnicos pasen por encima de él. El pueblo decide. Y no solo con su voto cada cuatro años.

Sí, los técnicos deben hablar, pues sus decisiones están basadas en la evidencia y su enfoque se sustenta en resultados medibles y no en el populismo. Pero limitarnos simplemente a que un proyecto, si cumple con los aspectos técnicos recogidos en la ley, debe ser aceptado sin más, supondría un déficit democrático, ya que los técnicos no son elegidos por la ciudadanía y, en este caso, hablamos de técnicos de una empresa, por lo tanto se puede echar en falta esa sensibilidad social y se puede primar la visión economicista.

Estoy hablando de la planta de biogás que se quiere instalar en Baena. Hablo del argumento de que si todos los papeles y todos los informes están en regla, no nos podemos negar. Lo hemos vivido anteriormente con alguna que otra licitación. Es la ley y no podemos hacer nada.

Sí se puede, siempre se puede. Principalmente si la ciudadanía está en contra. La presión popular mueve montañas.

¿Qué miedo tienen los políticos de preguntar a sus vecinos y vecinas? Existe la posibilidad a través de una consulta popular, aunque esta no sea vinculante. Para temas delicados y controvertidos siempre he pensado que lo mejor es saber lo que piensa la gente y lo que quiere la gente.

El artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, recoge la posibilidad de que alcaldes y alcaldesas, siempre y cuando se haya acordado por mayoría absoluta en el Pleno de la Corporación, puedan someter a consulta popular asuntos de competencia municipal y de carácter local. Y también establece, en el artículo 18, el derecho de los vecinos y vecinas a pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley. Esto además permitiría conocer mucha de la información que a día de hoy se desconoce, pues la empresa se afanaría en explicar con pelos y señales las “bondades” de esta industria.

Sobre el papel, la idea resulta difícil de rechazar. Permitir que los vecinos y vecinas se pronuncien directamente sobre un asunto que afecta a nuestro entorno inmediato parece un ejercicio saludable de democracia. En municipios donde las decisiones se sienten cercanas y las consecuencias son tangibles, consultar a la ciudadanía refuerza la sensación de pertenencia y corresponsabilidad.

Sin embargo, la práctica es más compleja. Una consulta popular no es solo una urna y una papeleta; exige información clara, neutral y accesible. Cuando el debate se reduce a consignas, a campañas apresuradas o a simplificaciones interesadas, la ciudadanía vota con más intuición que conocimiento.

También está la cuestión de la participación. En muchos municipios la implicación ciudadana es desigual. A veces vota una minoría movilizada, mientras una mayoría silenciosa se mantiene al margen. La legitimidad democrática no depende únicamente del derecho a participar, sino del interés real en hacerlo. Sin una cultura cívica activa, la consulta puede terminar reflejando la intensidad de unos pocos por encima de la voluntad general.

Eso no significa que debamos renunciar a este mecanismo. Bien planteadas, las consultas populares pueden ser un poderoso instrumento de madurez democrática. Pero requieren reglas claras, información independiente, debates públicos equilibrados y pedagogía institucional. No basta con preguntar; hay que explicar.

Algunas poblaciones ya se han puesto manos a la obra y van a realizar consultas populares sobre la instalación de plantas de biogás en su territorio. Es el caso de Villanueva del Arzobispo en Jaén, donde el 28 de enero el Pleno de la Corporación aprobó una consulta popular sobre la planta de biogás que pretende implantarse en ese municipio.

En una población como la nuestra no resultaría complicado llevarla a cabo. La participación directa de la ciudadanía en estos casos representa una de las principales herramientas para una democracia real y participativa. No nos quedemos solo en una democracia representativa o, mucho peor, en una tecnocracia, donde solo se tendría en cuenta la eficacia de un proyecto, despreciando aquellos aspectos menos productivos económicamente, pero más acordes con los valores y el sentir de la ciudadanía.

Recordamos: una consulta popular debe ser aprobada en el Pleno de la Corporación. Aquí mal empezamos, cuando a día de hoy ningún partido se decide a llevarla a pleno. Es más, en la charla, organizada por Ecologistas en Acción-Baena, precisamente el partido que gobierna ni siquiera estuvo presente. Sorprende el mutismo sobre este tema. Hay que recordar las dificultades, tanto por parte de la empresa como por parte del ayuntamiento, para acceder a la información de este proyecto.

No lo olvidemos, la soberanía reside en el pueblo, no en los técnicos, y los políticos son los representantes del pueblo y si deben consultarlo, tendrán que hacerlo.