Hay una forma muy cómoda de defender al poder cuando el poder empieza a verse cercado por los tribunales: llamar “justicia politizada” a toda investigación incómoda. Es un recurso viejo, eficaz y peligroso. Sirve para evitar el fondo del asunto, desplazar el debate hacia la conspiración y presentar al investigado como víctima antes incluso de que tenga que dar explicaciones.
Eso es, en buena medida, lo que diversos opinadores afirman sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero se interpreta como una nueva prueba de que determinados sectores judiciales actuarían contra la izquierda. Donde sostienen que se estarían confundiendo indicios con condena y acusa al juez Calama de una actuación tendenciosa.
Pero esa tesis tiene un problema evidente: el auto judicial no condena a Zapatero. Lo investiga. Y en democracia investigar no es perseguir; es someter los hechos a contraste judicial.
El auto incorporado a la causa habla de presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. También acuerda entradas y registros en domicilios, oficinas y sedes societarias vinculadas a los investigados, incluida la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz y su domicilio en Madrid.
Eso no convierte al expresidente en culpable. Pero sí desmonta la idea de que todo se reduce a “recortes de prensa” o a una maniobra política sin sustancia. El propio auto sitúa la investigación sobre una estructura presuntamente organizada en torno a sociedades, contratos, pagos y contactos institucionales relacionados con Plus Ultra.
Diversas voces periodísticas, políticas y analistas han coincidido en señalar que el auto judicial contra José Luis Rodríguez Zapatero no puede despacharse como una mera operación política o mediática, ya que la resolución incorpora informes policiales, comunicaciones intervenidas, movimientos societarios y relaciones empresariales que, al menos desde el punto de vista judicial, justifican la apertura de una investigación.
Algunos análisis han destacado que el contenido del auto rompe con la idea de que un expresidente del Gobierno esté blindado frente al escrutinio judicial y subrayan que, en una democracia consolidada, ningún cargo público debería quedar fuera del alcance de los tribunales si existen indicios suficientes para investigar posibles irregularidades.
Por eso resulta débil sostener que el mero hecho de investigar a Zapatero sea un ataque al Estado de Derecho. Más bien ocurre lo contrario: el Estado de Derecho se fortalece cuando también los expresidentes pueden ser investigados si existen indicios suficientes.
Por todo ello nadie debe ser condenado antes de tiempo. Pero no equivocamos cuando exigimos una especie de blindaje moral para Zapatero. La presunción de inocencia no es impunidad preventiva. Es una garantía procesal, no un salvoconducto político.
Algo parecido ocurre con la condena de Álvaro García Ortiz. Cuando se afirma que fue condenado “sin prueba alguna” y utiliza ese caso como ejemplo de una justicia supuestamente contaminada. Pero el Tribunal Supremo lo condenó por revelación de secretos a dos años de inhabilitación, multa e indemnización, según comunicó oficialmente el Poder Judicial.
Puede discutirse la sentencia. De hecho, hubo críticas jurídicas y votos discrepantes. Existían argumentos para pensar que la condena podía ser anulada y citó el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Pero una cosa es discrepar de una sentencia y otra afirmar que el Supremo condena sin pruebas porque forma parte de una conspiración. Esa diferencia es fundamental.
La justicia puede equivocarse. Los jueces pueden ser criticados. Las sentencias pueden recurrirse. Pero convertir cada resolución adversa al PSOE en una operación política es una forma de deteriorar las instituciones desde dentro.
Y conviene recordar que el PSOE ha sido el partido que más años ha gobernado España desde la Transición. Felipe González gobernó catorce años; Zapatero, dos legislaturas; Pedro Sánchez continúa en La Moncloa gracias a una mayoría parlamentaria construida tras las elecciones, por lo que la opinión que el Partido Popular “nunca aceptará que gobierne este país nadie que no sea el PP”. La afirmación tiene fuerza de pancarta, pero poca consistencia histórica.
En España gobierna quien obtiene la confianza del Congreso. Eso es legal y constitucional. Pero también es legítimo cuestionar políticamente que el PSOE gobierne hoy apoyado en fuerzas cuyos intereses no siempre coinciden con una visión de conjunto de la nación española. Los ciudadanos votan en primera instancia, pero después son los pactos parlamentarios los que deciden la investidura. Y en esta legislatura, Pedro Sánchez no gobierna por haber ganado las elecciones, sino por haber pactado con quienes tenían, en expresión muy usada por nuestra alcaldesa, “las llaves del cielo y del infierno”.
Esa realidad no convierte al Gobierno en ilegal. Pero tampoco obliga a aceptar como natural cualquier cesión política hecha para permanecer en el poder.
Lo preocupante de los opinadores no es que defiendan a Zapatero. Están en su derecho. Lo preocupante de esta situación es que presenta la investigación judicial como una amenaza democrática cuando afecta a los suyos y convierte una condena del Supremo en una prueba de persecución. Esa lógica es peligrosa porque reduce la justicia a bandos: si investiga al adversario, funciona; si investiga al propio, conspira.
No. La democracia exige algo más serio.
Zapatero debe conservar intacta su presunción de inocencia. Pero también debe dar explicaciones. García Ortiz tuvo derecho a defenderse. Pero fue condenado por el Supremo. El PP debe evitar la condena mediática. Pero la izquierda no puede refugiarse siempre en el relato del lawfare cada vez que un juzgado llama a la puerta.