La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha endurecido públicamente su posición respecto al proyecto de planta de biometano promovido en el término municipal y ha anunciado una estrategia institucional para impedir su implantación. En una comparecencia en el día de hoy, la regidora aseguró que utilizará “todas las competencias” que le atribuye la legislación para evitar que se instale en el municipio “una industria molesta” que pueda generar impactos negativos para la población.
La comparecencia llega en un momento de creciente movilización social y debate público en torno al proyecto. Serrano reconoció la preocupación existente entre vecinos y colectivos ciudadanos, defendiendo su derecho a manifestar sus inquietudes, aunque advirtió de que no permitirá que el temor o la incertidumbre sean utilizados con fines políticos o económicos ajenos al interés general del municipio.
Una declaración institucional para blindar la posición del Ayuntamiento
Con el objetivo de trasladar una imagen de unidad institucional, la alcaldesa anunció la convocatoria de una Junta de Portavoces para plantear a todos los grupos municipales la aprobación de una declaración conjunta que marque una hoja de ruta común frente al proyecto.
Entre las medidas que propondrá destacan el rechazo unánime a la instalación de cualquier planta de biometano o industria que pueda generar molestias, malos olores o riesgos para la salud, así como solicitar a la Junta de Andalucía la suspensión cautelar de la tramitación ambiental de los proyectos de biogás en la provincia hasta que exista una regulación específica que establezca distancias mínimas respecto a los núcleos de población.
Asimismo, avanzó que pedirá el respaldo de todos los grupos para aprobar de forma urgente el futuro Plan Especial de Energías Renovables en suelo rústico, una herramienta urbanística que permitiría suspender licencias con plenas garantías jurídicas mientras se regula este tipo de instalaciones.
La alcaldesa defiende la actuación municipal
Uno de los aspectos centrales de la comparecencia fue la explicación detallada del procedimiento administrativo seguido hasta ahora por el Ayuntamiento. Serrano quiso desmontar las acusaciones que, según denunció, han circulado en las últimas semanas sobre una supuesta autorización municipal al proyecto.
La alcaldesa recordó que todo comenzó en octubre de 2024, cuando representantes de la empresa promotora presentaron públicamente una propuesta relacionada con la mejora tecnológica de las instalaciones existentes para reducir emisiones y molestias.
Posteriormente, la empresa solicitó un informe de compatibilidad urbanística, un trámite obligatorio para conocer si una actividad puede ubicarse en un determinado suelo. Según explicó, los servicios técnicos municipales informaron favorablemente porque la parcela cumplía los requisitos establecidos en el planeamiento urbanístico y en la legislación autonómica.
“No es una licencia, no es una autorización y no supone recalificar suelo”, insistió Serrano, quien subrayó que los técnicos tienen la obligación legal de responder a este tipo de solicitudes.
El proyecto sigue pendiente de la Junta de Andalucía
La regidora también aclaró que el proyecto de actuación presentado posteriormente por los promotores se encuentra actualmente suspendido a la espera de informes y autorizaciones que corresponden exclusivamente a la Junta de Andalucía.
Según explicó, el Ayuntamiento paralizó los plazos para resolver el expediente hasta que se emitan tanto la Autorización Ambiental Integrada como el Informe de Incidencia Territorial, dos documentos imprescindibles para que el procedimiento pueda continuar.
Además, reveló que el Consistorio ya ha presentado alegaciones al proyecto ambiental, pese a que el plazo para hacerlo permanece abierto hasta el próximo 7 de julio.
“Lo hemos analizado al milímetro y hemos presentado alegaciones porque no estamos de acuerdo con las condiciones planteadas”, señaló.
Licencia denegada para la conexión al gasoducto
Otro de los anuncios destacados fue la denegación de una licencia de obras solicitada para la ejecución de la tubería de conexión con el gasoducto.
Serrano afirmó que el Ayuntamiento ha utilizado todos los mecanismos legales a su alcance para impedir el avance del proyecto y aseguró que esa decisión supone un nuevo obstáculo para la iniciativa empresarial.
En este sentido, insistió en que actualmente el Consistorio no tiene ningún expediente pendiente de resolver relacionado con la planta y que el futuro de la tramitación depende exclusivamente de las decisiones que adopte la administración autonómica.
Rechazo al referéndum y llamamiento a la unidad
La alcaldesa también rechazó la propuesta de promover una consulta popular sobre la planta de biometano. A su juicio, este mecanismo no aportaría soluciones prácticas debido a que requiere autorización previa del Gobierno central, no tendría carácter vinculante y podría provocar retrasos mientras continúan avanzando los procedimientos administrativos.
“Esta alcaldesa no necesita un referéndum para saber lo que opina Baena”, afirmó, defendiendo que el sentir de la ciudadanía ya es conocido y que el Ayuntamiento ha asumido plenamente esa posición.
La comparecencia concluyó con un llamamiento a la unidad política y social para afrontar un asunto que ha centrado gran parte del debate público en las últimas semanas. Serrano pidió a todos los grupos municipales que definan claramente su postura en el próximo pleno y reiteró que el equipo de gobierno trabajará junto al sector agrícola para buscar alternativas sostenibles al tratamiento de los subproductos del olivar.
Mientras tanto, la alcaldesa dejó una frase que resume la posición oficial que pretende defender desde ahora el Ayuntamiento: “Estaré al lado de los agricultores y olivareros para buscar soluciones sostenibles, pero mientras sea alcaldesa no se instalará en Baena ninguna industria que genere problemas a los vecinos y vecinas”.