El Rincón de Javier
Los Carnavales, los desfiles procesionales de Semana Santa, las ferias, las romerías, las fiestas patronales…, desgraciadamente, pero de manera razonable, este año, e incluso algunos acontecimientos por segundo año consecutivo, brillarán por su ausencia. No así las elecciones catalanas, que al parecer eran imprescindibles, no se sabe bien si para medir el pulso al independentismo o si para reclasificar a los nuevos miembros que se repartirán la tarta de privilegios que otorga el complicado parlamento de la Generalitat. También parecían imprescindibles, según la primera intención de nuestra queridísima ministra de igualdad, las manifestaciones del día internacional de la mujer. Lo que no se sabe bien es si tan irreverente propósito era para medir el pulso al feminismo radical o para justificar los 450 millones de euros que nos cuesta todos los años el sostenimiento del ministerio que lidera.
Nos sorprenda o no, haciendo pagar a justos por pecadores, cada vez somos más los ciudadanos que compartimos una sensata apatía por la casta política. Entendiéndose por casta política, a tenor del discurso y del ejemplo práctico de nuestro actual vicepresidente, la distinción que merecen quienes residen en una villa de un barrio elitista en contraposición a quienes residen en el barrio popular que los vio crecer, o lo que viene a ser lo mismo, la distinción que merece un núcleo familiar que disfruta de dos generosos sueldos ministeriales en contraposición al núcleo familiar que malvive con un único salario mínimo interprofesional o un ingreso mínimo vital. Y es que en el fondo o no tan en el fondo todos los que se aprecian de casta política, sea cual sea el color de su ideología, viven como auténticos reyes, tanto si van de monárquicos como si van de republicanos.
Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que en los últimos cuarenta años encontremos unas siglas políticas impolutas, sin que se les reconozca un solo caso de corrupción. Aún más, a las agrupaciones políticas de mayor recorrido se les adjudican acciones punibles por decenas, incluso por centenas, y en todos los ámbitos, municipales, provinciales, autonómicos, y por supuesto en el ámbito nacional. En los últimos cuarenta años también es alarmante el despilfarro de obra pública ejecutada sin ton ni son: Autopistas desiertas, aeropuertos fantasmas, y en general un amplio surtido de infraestructuras florero por toda nuestra geografía. Si tuviéramos capacidad para cuantificar el coste de la corrupción y el coste de las promociones de obra pública infructuosa, el resultado sería tan escandaloso que nos hubiera permitido disfrutar, en toda regla, de una sanidad pública encomiable, de las más exquisitas del mundo. Tenemos la fortuna de contar con el personal sanitario más competente y cualificado que se puede desear, demostrado nos queda; pero la mejor sanidad pública del mundo exige la gestión de los mejores políticos del mundo. Y sabido es de todos, aparte de su mediocridad, que la mayoría de nuestros gestores políticos, justo los que más alardean de la excelencia de la sanidad pública que administran, tienen suscritos seguros privados de salud. No obstante, si en alguna ocasión les da por consumir sanitad pública, no nos quepa la menor duda, que cuidan la manera de garantizarse una asistencia excepcional, equiparable a la calidad de los servicios propios de la sanidad privada. Cuanto menos se les procurará una habitación digna y, casi con toda seguridad, también exclusiva, sin necesidad de compartirla con otros hospitalizados. Una vez más los privilegios de la casta política son todo un espejismo para el resto de los ciudadanos de a pie.
Ya en la última década, por si aún nos parecían pocos, parió la abuela y nos trajo la casta política más especializada en salir por peteneras. En qué cabeza cabe que quienes persiguen con empecinamiento la instauración de la república como modo de gobierno admitan que se les retribuya con los erarios de la monarquía parlamentaria a la que tanto desprecian. En qué cabeza cabe que quienes ponen en entredicho el valor democrático de nuestra Constitución nos estén representando en el parlamento porque nuestra carta magna, precisamente la Constitución, así los legitima. En qué cabeza cabe que quienes califican de libertad de expresión determinados hechos delictivos -según órdenes judiciales- en el ejercicio del derecho a manifestarse sean los mismos que pretenden implantar un sistema de control a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En qué cabeza cabe que quienes predican la intención de eliminar las comunidades autónomas tengan el descaro de presentar candidaturas a sus presidencias… Pues así, una tras otra desfachatez, las nuevas generaciones de la casta política se desacreditan solas, sin ningún tipo de pudor, importándoles un bledo la opinión pública o, tengo la impresión, tomándonos a todos por idiotas.
La casta política enmienda o la incipiente apatía por la casta política, que de momento es una sensación, quién sabe si no acabará convirtiéndose en una nueva filosofía de vida…
¡Ya está bien!
