“Olor a huevo podrido o futuro sostenible”: el biometano desata una rebelión agraria y social ante la planta proyectada en Baena

La discusión sobre el futuro del campo y la industria del olivar vivió una noche de alta tensión —y también de mucha información— en la charla-coloquio organizada por Ecologistas en Acción de Baena sobre los inconvenientes de una posible planta de biogás/biometano en el término municipal. El acto, moderado por Francisco Javier Sánchez Sánchez Cañete, reunió testimonios de otras provincias, argumentos agrarios y sanitarios, y terminó con un cara a cara directo con representantes de la empresa promotora, encabezados por Diego Aranda.

“Nos reunimos hoy para compartir información y reflexionar juntos… es una cuestión que nos afecta a todos y merece ser debatida con rigor y serenidad”, abrió el moderador, dejando claro el marco del encuentro: escuchar razones, confrontarlas y medir riesgos. Y también marcando posición: “Aquí nadie viene por intereses económicos, sino por el bien común”.

Tres voces invitadas, un mensaje común: “no es economía circular si trae más problemas que soluciones”

Ecologistas en Acción invitó a tres intervinientes con perfiles distintos, pero con un hilo conductor: la desconfianza hacia las macroplantas y su impacto en el territorio.

José de la Rosa, profesor y portavoz de una plataforma en Cabra, trajo el relato más “de campo” y más visceral: visitas a instalaciones, olores, digestato sobre olivares y una pelea administrativa que, según contó, les obligó a recurrir a la Ley de Transparencia para obtener documentación. Su argumento pivota sobre el tamaño: “Una planta puede ser buena si viene a solventar un problema local… 5 o 7 toneladas. Pero 250 toneladas, 180, 220… eso no”. Y advierte: “El problema grande que trae es la salud”.

En su intervención insistió en dos ideas que prendieron en el público:

• la falta de transparencia y el acceso tardío a documentos,
• y el digestato, descrito como un supuesto “fertilizante” que, a su juicio, sigue siendo un residuo con riesgos.

La sesión incluyó vídeos con testimonios de otras zonas. Uno de los momentos más comentados fue el de Natividad Pérez, alcaldesa de un pequeño municipio de Albacete, que relató cómo una planta presentada como solución derivó en ampliaciones y entrada de residuos de fuera: “Lo único que circula es la mierda… contamina el agua que bebemos, la tierra y el aire”. Aportó un dato que impactó en la sala: analíticas en una fuente con niveles elevados de nitratos, y una conclusión demoledora sobre empleo y población: “Prometieron 17 puestos… trabajan 3. Teníamos 222 habitantes y ahora 124”.

El segundo invitado, Rafael Ruz, agricultor y miembro de Ecologistas en Acción de Montilla, conectó la preocupación con una secuencia que muchos reconocieron: primero fotovoltaicas, luego orujeras, después biogás. “Nos han quitado tierra de cultivo… nos han robado nuestro aire limpio”, dijo, y enumeró cinco ideas clave: emisiones (incluido el ácido sulfhídrico, “olor a huevo podrido”), dudas sobre necesidad real, “efecto llamada” de macrogranjas, consumo de agua “no explicado” y recelos hacia la empresa promotora por antecedentes en otros municipios.

La tercera intervención fue la más sanitaria y, a ratos, más dura. Juan Carlos Serrano, agricultor, veterinario y con experiencia en salud pública, llegó desde Granada para participar y lanzó un aviso directo: “He estudiado profundamente este asunto. No lo quiero al lado de mi casa ni muerto”. Su discurso giró sobre dos ejes: gases y pulmones (“todo lo que se huele es gas y va a nuestros pulmones”) y el papel de las administraciones en la tramitación: denunció proyectos “a escondidas del pueblo” y reclamó participación real.

El choque: la empresa promete “máxima tecnología” y niega que vaya a repetirse “Campillos”

Tras las exposiciones, tomó la palabra Diego Aranda, presentado como representante de la empresa que impulsa el proyecto. Su estrategia fue clara: separar el proyecto local de los casos negativos mostrados y pedir que se espere al documento ambiental.

“El proyecto que se conoce es solamente el urbanístico… el proyecto medioambiental todavía no ha salido a información pública”, explicó. Admitió que los ejemplos proyectados eran “malos”, y llegó a decirlo con rotundidad: “Campillos es un desastre”. Pero defendió que lo que plantean en este caso sería diferente: instalaciones cerradas, estándares europeos y un “estudio de olores” que, asegura, mostrará que “el olor prácticamente no sale”.

Aranda insistió además en tres mensajes que buscaban conectar con el mundo agrario:

• el proyecto serviría para reducir olores y emisiones ligadas a la gestión del alperujo/alpechín,
• la materia prima sería mayoritariamente local: “el 80%… es de aquí”,
• y lanzó un argumento que llamó la atención en plena sequía recurrente: “La planta no tiene consumo de agua. Es excedentaria de agua… la única agua es para el sanitario de los trabajadores”.

Como fórmula para rebajar tensión, ofreció una “comisión de seguimiento” con reuniones periódicas, acceso a información y hasta visitar plantas en Alemania: “Queremos dar respuesta… cualquier duda técnica, aquí estamos”.

La respuesta de José de la Rosa fue inmediata y frontal: le recordó que existen guías de buenas prácticas donde lo primero es transparencia y participación, y le replicó con una frase que se repitió varias veces durante la noche: “Comunicación y participación ciudadana… eso es lo primero”. También cuestionó la comparación con Alemania: “En Alemania no hay olivo… y aquí se va a procesar alperujo y alpechín”.

El campo se divide: “si sube el precio del alperujo, ¿compensa perder calidad de aceite y vida?”

Uno de los momentos más reveladores fue la aparición de un debate interno, no solo “ecologismo vs empresa”, sino agricultores vs agricultores sobre el modelo productivo.

Un miembro del consejo rector vinculado a Oleícola, defendió que no se trata de “multinacionales”, sino de una estructura cooperativa de segundo grado: “El Tejar es una cooperativa… los beneficios repercuten en nuestros agricultores”. Aseguró estar abierto a vías directas de comunicación y a escuchar alternativas.

Pero Juan Carlos Serrano, socio también, replicó con crudeza agraria: “Eso que me está dando más por el alperujo, me lo va a quitar en la calidad del aceite y en la calidad de mi vida… los olores son incompatibles con el aceite”.

Y ahí apareció un temor que conectó con la identidad productiva local: la marca y la reputación. En varias intervenciones se deslizó la idea de que un territorio asociado a malos olores o conflictos ambientales puede pagar un precio alto en la percepción del consumidor, justo cuando el olivar tradicional depende de la calidad como principal arma.

El público aprieta: documentación, ubicación y confianza

Las intervenciones del público elevaron el nivel técnico y político. Un agricultor local, Rafael Ramírez, pidió rebajar el tono emocional y centrarse en papeles: “Aquí no debe hablar el corazón, tienen que hablar los técnicos”. Criticó la falta de información completa, planteó dudas sobre almacenamiento, materiales, olores y trazabilidad, y remató con una queja que resonó en la sala: “Yo tengo derecho a saber lo que van a hacer antes de que pongan una sola piedra”.

Otros asistentes preguntaron directamente por la postura municipal y por la capacidad real del Ayuntamiento de frenar o condicionar el proyecto.

En paralelo, desde Ecologistas se subrayó un punto clave: las alegaciones presentadas hasta ahora han sido sobre localización, porque —según afirmaron— sin proyecto ambiental definitivo “no se puede entrar al fondo”.

El telón de fondo: el recuerdo del Tejar y la desconfianza acumulada

Aunque la charla se centraba en la planta proyectada, el debate se mezcló una y otra vez con un fantasma muy concreto: la experiencia previa con la industria del alperujo y los episodios de olores/humos.

El propio moderador, Sánchez Cañete, lo verbalizó: dijo llevar años movilizándose contra las emisiones, y reclamó una disyuntiva moral: “El dinero… o la salud del pueblo”. En ese tramo final, el debate se cargó de emoción y de acusaciones sobre falta de inversiones en filtros y sobre efectos en salud, con frases duras que muestran el clima social que rodea el asunto.

Qué queda ahora: el documento ambiental y una fractura que ya es agraria, social y política

La empresa insiste en que la clave está en el proyecto medioambiental cuando salga a información pública. Ecologistas y parte del público sostienen que, con los antecedentes vistos en otros territorios, el listón debe ser máximo y la transparencia inmediata. Y, mientras tanto, el campo local queda ante una pregunta incómoda que atraviesa cooperativas, vecinos y productores:

¿Puede un proyecto venderse como “economía circular” si el territorio teme perder aire, agua, descanso… y hasta la reputación de su aceite?