La preocupación vecinal por la inseguridad en el casco histórico de Baena, especialmente en el entorno de San Pedro, ha llevado al Ayuntamiento a reforzar la vigilancia policial y a impulsar una estrategia para prevenir las ocupaciones ilegales de viviendas. La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha anunciado que la Policía Local ha evitado más de ocho ocupaciones en el último mes, mientras el Gobierno municipal prepara un inventario de inmuebles vacíos y estudia la adquisición de determinadas viviendas para evitar su deterioro y recuperarlas para uso público.
Serrano ha comparecido en rueda de prensa acompañada por la teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Almudena Sevillano, y el concejal de Centro Histórico, David Bazuelo, para explicar las actuaciones municipales tras las quejas de residentes que denuncian problemas de convivencia y situaciones que afectan a su tranquilidad.
La alcaldesa ha comenzado reconociendo el malestar de estos vecinos, cuyas reclamaciones han situado la seguridad en el centro del debate municipal durante los últimos días. «Cuando una persona tiene miedo a salir a la calle, cuando sufre molestias continuadas, cuando ve cómo se deteriora su entorno o siente que no puede vivir con normalidad, las administraciones tenemos la obligación de escuchar y de actuar», ha afirmado.
Aunque ha reconocido la existencia de situaciones preocupantes, Serrano ha pedido evitar que estos problemas se traduzcan en una percepción generalizada de inseguridad que, a su juicio, no representa la realidad del conjunto del municipio.
La regidora ha asegurado que el Ayuntamiento «no va a mirar hacia otro lado» y ha defendido que las medidas adoptadas buscan intervenir antes de que los problemas de convivencia se agraven.
Más patrullas, vigilancia nocturna y agentes de paisano
Entre las primeras actuaciones, el Ayuntamiento ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba un refuerzo de los efectivos de la Guardia Civil, cuerpo competente en materia de seguridad ciudadana.
Paralelamente, la Policía Local ha intensificado su presencia en las zonas afectadas, con patrullas en distintos turnos, refuerzos nocturnos y actuaciones de agentes de paisano, estas últimas con autorización de la Subdelegación del Gobierno.
Según los datos facilitados por la alcaldesa, estas intervenciones han permitido impedir más de ocho ocupaciones ilegales durante el último mes en San Pedro y sus alrededores.
Serrano ha agradecido el trabajo de los agentes y ha pedido colaboración ciudadana para comunicar cualquier situación sospechosa a través del teléfono de emergencias 112.
El Ayuntamiento también ha mantenido reuniones con entidades bancarias propietarias de inmuebles en esta zona del casco histórico. El objetivo es exigirles que mantengan sus propiedades en condiciones adecuadas y que denuncien las ocupaciones ilegales para activar los procedimientos judiciales correspondientes.
La alcaldesa ha recordado que el Consistorio carece de competencias para ordenar directamente el desalojo de una vivienda y que la recuperación de los inmuebles debe ajustarse a las vías legales aplicables.
También ha explicado que se ha contactado con las compañías suministradoras de agua y electricidad para actuar frente a los enganches ilegales, con intervención de los servicios sociales cuando existan situaciones de vulnerabilidad o menores afectados.
El Ayuntamiento estudia comprar viviendas antes de que acaben ocupadas
Una de las medidas más relevantes anunciadas por Serrano es la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiera viviendas vacías o abandonadas, especialmente en el casco histórico, para evitar su deterioro y facilitar su recuperación.
La propuesta forma parte de la moción aprobada por unanimidad en el pleno del 29 de octubre, después de que la alcaldesa mantuviera una reunión con los portavoces municipales el día 26 para informarles de las actuaciones emprendidas.
Serrano ha explicado que el Gobierno local quiere anticiparse a determinadas operaciones de compraventa de viviendas que actualmente pertenecen a entidades bancarias o empresas encargadas de gestionar sus inmuebles.
Según ha expuesto, existen casos en los que estas entidades terminan vendiendo viviendas a personas que previamente las habían ocupado, por cantidades que, a su juicio, podrían resultar asumibles para el Ayuntamiento.
Ante esa situación, la alcaldesa ha defendido estudiar su adquisición municipal antes de que se produzcan esas operaciones, con la intención de destinarlas a familias y jóvenes de Baena.
No obstante, ha precisado que no se plantea una compra indiscriminada de inmuebles. Cada adquisición necesitará informes técnicos, jurídicos y económicos, deberá responder a un interés municipal justificado y no podrá superar el valor de tasación. También estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la existencia de financiación acreditada.
Cuando las condiciones lo permitan, las viviendas adquiridas podrían rehabilitarse e incorporarse al parque municipal de vivienda o destinarse a otros usos públicos.
La alcaldesa ha añadido otro argumento a favor de esta iniciativa: al convertirse en propietario, el Ayuntamiento podría ejercer directamente las acciones legales correspondientes ante una eventual ocupación, sin depender de los tiempos de respuesta de las entidades financieras.
Un inventario de casas vacías con un primer plazo de tres meses
La estrategia municipal contempla elaborar un censo e inventario de viviendas vacías e inmuebles abandonados, comenzando por el casco histórico y las zonas donde se hayan detectado problemas de convivencia o riesgo de ocupación.
El trabajo deberá identificar las propiedades, conocer su titularidad, comprobar su estado de conservación y estudiar las posibilidades de recuperación.
Los servicios técnicos municipales tendrán un primer plazo de tres meses para avanzar en su elaboración.
La alcaldesa ha relacionado esta actuación con el deterioro de determinadas viviendas que permanecen cerradas durante años y que, según ha explicado, terminan afectando a los residentes de su entorno.
El Consistorio también intensificará las exigencias a las entidades financieras, fondos de inversión, grandes propietarios y empresas gestoras de activos que mantengan inmuebles sin las condiciones de conservación y seguridad exigibles.
Para ello, recurrirá a los instrumentos previstos en la legislación urbanística, como las órdenes de ejecución, las multas coercitivas o la ejecución subsidiaria cuando corresponda.
Serrano ha precisado que estos mecanismos ya se están utilizando, aunque el Gobierno municipal pretende mantener y reforzar su aplicación.
La estrategia distingue entre los grandes propietarios y las familias que han heredado una vivienda sin disponer de recursos económicos para rehabilitarla. Para estos pequeños propietarios, la moción contempla medidas de orientación jurídica y acompañamiento para facilitar el acceso a ayudas de conservación y rehabilitación.
Una reunión con la Junta el 5 de noviembre para reclamar más medios judiciales
La alcaldesa también ha puesto el foco en las dificultades que pueden encontrar los propietarios para recuperar sus viviendas cuando los procedimientos judiciales se prolongan.
Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado una reunión con el delegado territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Córdoba, prevista para el próximo 5 de noviembre, en la que trasladará la necesidad de reforzar los medios disponibles.
El acuerdo municipal contempla reclamar a la Junta y al Ministerio de Justicia que evalúen las necesidades del Tribunal de Instancia y adopten las medidas necesarias para mejorar sus recursos humanos y materiales.
«No tiene sentido que pidamos a nuestros vecinos que denuncien, que confíen en los procedimientos y que acudan a las instituciones si después los procedimientos judiciales se eternizan por falta de medios», ha manifestado Serrano.
El Ayuntamiento mantiene igualmente contactos con la Delegación de Fomento de la Junta y con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), para que ejerzan las acciones legales correspondientes cuando los inmuebles afectados sean de titularidad autonómica.
El Gobierno municipal tendrá que presentar resultados en seis meses
La estrategia aprobada por el pleno establece un mecanismo de seguimiento para comprobar los resultados de las medidas anunciadas.
En un plazo de seis meses, el Gobierno municipal deberá volver a la sesión plenaria para informar del trabajo realizado. La rendición de cuentas incluirá el número de inmuebles identificados, los propietarios contactados, los requerimientos efectuados, los expedientes iniciados, las ayudas canalizadas y las viviendas recuperadas o puestas nuevamente en uso.
Serrano ha insistido en que las actuaciones frente a las ocupaciones ilegales deben ser compatibles con la atención a las familias vulnerables, especialmente cuando haya menores, para quienes los servicios sociales deberán valorar las necesidades y posibles alternativas de alojamiento.
La alcaldesa ha cerrado su intervención dirigiéndose a los vecinos que han expresado su preocupación por la situación de San Pedro y otros puntos del casco histórico. «No os vamos a prometer soluciones imposibles ni vamos a generar falsas expectativas», ha afirmado, comprometiéndose a utilizar las competencias municipales y reclamar la intervención de las administraciones responsables.
La respuesta del Ayuntamiento llega después de que los problemas de seguridad y convivencia denunciados por los residentes hayan adquirido protagonismo público.