La reunión entre la plataforma Stop Biometano y el equipo de gobierno de Baena no ha despejado todas las dudas sobre el futuro de la planta proyectada en el municipio. El colectivo reclama actuaciones concretas para impedir su instalación y cuestiona algunos de los movimientos administrativos de las últimas semanas. El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su rechazo al proyecto, asegura que no existe ninguna licencia municipal en tramitación y confirma que ha comenzado a preparar una regulación urbanística para este tipo de industrias.
El encuentro se produce después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de rechazar el proyecto por silencio administrativo y la Junta de Andalucía emitiera, poco después, un informe favorable de incidencia territorial. La proximidad entre ambos acontecimientos ha generado dudas en la plataforma, que quiere conocer las fechas exactas de las comunicaciones y resoluciones.
En la reunión participaron la alcaldesa, María Jesús Serrano; los concejales Francisco Vizcaíno y David Bazuelo; un técnico jurídico de Urbanismo y representantes de Stop Biometano, entre ellos Pedro Cuevas.
Tras conocer la valoración del representante de la plataforma, Baena Hoy se ha dirigido al Ayuntamiento para contrastar sus declaraciones y conocer la posición del gobierno municipal sobre las cuestiones planteadas durante el encuentro.
La respuesta del Consistorio mantiene el rechazo a la instalación. «El compromiso sigue siendo el mismo, no habrá actividades molestas en Baena», afirma el equipo de gobierno, que insiste en que actualmente la planta no cuenta con licencia municipal.
La plataforma, sin embargo, quiere saber qué medidas administrativas pueden adoptarse para impedir que el proyecto prospere si obtiene los informes favorables que todavía necesita.
Las fechas del informe de la Junta, en el centro de las discrepancias
Uno de los asuntos que más debate provocó durante la reunión fue la emisión del informe favorable de incidencia territorial de la Junta de Andalucía, conocido después de que el Ayuntamiento anunciara su intención de rechazar el proyecto.
El representante de la plataforma solicitó conocer las fechas de las resoluciones y de su entrada en el registro municipal para comprobar cómo se habían sucedido los acontecimientos.
Preguntado expresamente por Baena Hoy, el Ayuntamiento rechaza esa sospecha. «Desde el Ayuntamiento no se tenía conocimiento del informe», responde el equipo de gobierno.
El Consistorio también ha ofrecido su propia cronología.
Según la explicación municipal, el jueves 10 de septiembre se remitió una nota de prensa tras convocar la Comisión de Presidencia y la Junta de Gobierno para abordar el cierre del expediente y su rechazo por silencio administrativo. El gobierno sostiene que previamente había informado a los grupos políticos municipales y que la documentación estaba a su disposición.
Al día siguiente, viernes 11 de septiembre, la Junta de Andalucía remitió una nota de prensa embargada hasta las 20.00 horas y registró telemáticamente el informe de incidencia territorial durante esa misma tarde, según la versión facilitada por el Ayuntamiento.
El equipo de gobierno cuestiona la rapidez con la que se produjo esa resolución.
«La Junta emitió en 7 horas el informe de incidencia territorial que no había emitido en 7 meses», afirma el Consistorio.
El Ayuntamiento asegura que las fechas pueden acreditarse documentalmente y que esa información fue mostrada a los representantes de la plataforma durante la reunión.
Cuevas, por su parte, mantiene su interés en examinar las resoluciones y comunicaciones administrativas para comprobar la secuencia de los hechos.
Las explicaciones municipales permiten conocer la versión del gobierno sobre lo sucedido, aunque Baena Hoy no ha tenido acceso a los documentos originales para verificar de forma independiente todas las fechas.
La autorización ambiental continúa pendiente
Mientras se aclaran estas discrepancias, el procedimiento administrativo de la planta sigue abierto en la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento confirma que ha presentado alegaciones dentro del expediente de Autorización Ambiental Integrada (AAI), cuya resolución corresponde a la Administración autonómica.
«El Ayuntamiento de Baena ha presentado alegaciones a la AAI, cuya competencia es de la Junta de Andalucía, que aún no ha emitido el dictamen de la misma ni ha resuelto las alegaciones», explica el gobierno municipal.
Por tanto, el informe favorable de incidencia territorial emitido en septiembre no supone que la planta tenga autorización ambiental definitiva ni que pueda comenzar su construcción.
El Consistorio también confirma que no existe actualmente ninguna solicitud de licencia municipal en tramitación.
La preocupación de Stop Biometano se centra precisamente en lo que pueda ocurrir si la Junta termina resolviendo favorablemente el procedimiento ambiental y la empresa promotora continúa adelante.
Durante la reunión, Pedro Cuevas preguntó qué margen de actuación tendría entonces el Ayuntamiento y qué medidas concretas podría adoptar para impedir la instalación.
La respuesta municipal no contempla aceptar el proyecto sin utilizar antes las vías legales disponibles.
«Si la Junta de Andalucía autoriza esta planta, vamos a utilizar todas las herramientas técnicas y jurídicas que tengamos a nuestro alcance. Ejerceremos nuestras competencias urbanísticas para evitar este tipo de industrias», asegura el equipo de gobierno.
No obstante, el Ayuntamiento no ha precisado qué actuaciones concretas podría emprender en ese supuesto ni los plazos para llevarlas a cabo.
El Ayuntamiento ya ha encargado el Plan Especial para regular estas instalaciones
Entre las novedades comunicadas por el gobierno municipal figura el estado de tramitación del Plan Especial de Regulación de la Implantación de Actividades de Energías Renovables en Suelo Rústico.
El Ayuntamiento confirma que ha encargado su redacción y que ya dispone del documento inicial estratégico.
El siguiente trámite, según explica, será remitirlo a la Junta de Andalucía para continuar el procedimiento y avanzar hacia la aprobación del correspondiente instrumento urbanístico.
Con este plan, el gobierno pretende establecer criterios sobre las actividades energéticas que pueden desarrollarse en suelo rústico y las condiciones que deberán cumplir.
El Ayuntamiento considera que el avance de esta regulación podría permitirle adoptar medidas cautelares sobre determinadas licencias.
«Eso nos daría una herramienta para poder frenar de manera cautelar todas las licencias que puedan presentarse en el Ayuntamiento, bien sea la planta de biometano o cualquier otra que pudiera llegar», explica el equipo de gobierno.
Por ahora, sin embargo, no existe una fecha anunciada para la aprobación del avance ni para la aplicación de esas posibles medidas.
Y es precisamente el tiempo lo que preocupa a la plataforma.
Pedro Cuevas planteó durante la reunión las dificultades que podrían surgir si la nueva regulación urbanística se aprobara cuando la empresa promotora ya hubiera avanzado en la tramitación de su proyecto.
El representante ciudadano considera necesario estudiar con antelación las consecuencias jurídicas de esa situación y conocer qué posibilidades tendría el Ayuntamiento de actuar frente a una instalación que pudiera contar con autorizaciones autonómicas favorables.
También propuso buscar asesoramiento jurídico especializado en procedimientos relacionados con plantas de biometano.
Según su relato, los representantes municipales respondieron que cuentan con el respaldo de los servicios jurídicos de la Diputación de Córdoba.
La gestión del alperujo también entra en el debate
La reunión abordó otra cuestión que preocupa a la plataforma: qué alternativas existen para tratar el alperujo generado por las almazaras y cooperativas oleícolas.
Pedro Cuevas considera que el rechazo a una planta de biometano debe ir acompañado del estudio de otras soluciones para gestionar este subproducto del olivar.
Su propuesta pasa por implicar al Ayuntamiento, a otros municipios de la Mancomunidad Guadajoz-Campiña Este y al sector cooperativo en la búsqueda de alternativas compartidas.
La plataforma defiende que las necesidades de gestión del alperujo no deben conducir necesariamente a la implantación de este tipo de instalaciones y reclama que las cooperativas participen en el análisis de otras opciones.
Más de 3.000 firmas y nuevas movilizaciones
Stop Biometano no da por cerrada su actividad tras la reunión con el gobierno municipal.
Según Pedro Cuevas, el colectivo ha reunido ya más de 3.000 firmas contra el proyecto y mantiene contactos con plataformas de otros municipios donde también existe oposición a instalaciones similares.
Entre las localidades citadas figuran Castro del Río, Cabra, Espejo, Puente Genil y Alcalá la Real.
La plataforma prepara ahora un decálogo de reivindicaciones que pretende trasladar tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía.
También estudia convocar concentraciones y otras acciones de protesta para reclamar una respuesta de las administraciones.