La Inspección de Trabajo impone dos sanciones graves a la concesionaria de limpieza de Baena y Albendín por vulnerar derechos laborales de trabajadores
La Inspección de Trabajo ha impuesto dos sanciones graves a la empresa Muser-Prode, integrante de la UTE encargada del servicio de limpieza viaria en Baena y Albendín, tras constatar graves incumplimientos que afectan directamente a los derechos de sus trabajadores. Lo más preocupante: se trata de un Centro Especial de Empleo, donde la mayoría de la plantilla está compuesta por personas con discapacidad.
El origen de estas sanciones se remonta a dos denuncias interpuestas por el sindicato CTA, que desde hace meses viene alertando sobre la precarización del servicio y la gestión deficiente de la empresa concesionaria. Las irregularidades detectadas por los inspectores no solo evidencian fallos administrativos, sino que revelan una gestión laboral que roza lo inhumano.
Descansos ignorados
En la primera denuncia, fechada el 24 de septiembre de 2024, se denunció que un trabajador no había disfrutado del descanso mínimo legal de 12 horas entre jornadas laborales. La empresa no pudo justificar adecuadamente sus horarios, y la ausencia de registros fiables fue clave para que la Inspección iniciara un procedimiento sancionador.
Peor aún es el caso derivado de la segunda denuncia, del 21 de octubre de 2024. Un trabajador, según CTA, estuvo dos meses sin descanso alguno. Nuevamente, la empresa no aportó documentación que desmintiera los hechos, y la Inspección volvió a detectar irregularidades sistemáticas en el control horario, una infracción que, además de ser sancionable, pone en jaque la credibilidad de la empresa.
Desde el sindicato CTA no ocultan su indignación. “Es inaceptable que una empresa cuya misión es la integración laboral de personas con discapacidad incumpla de forma tan flagrante la normativa laboral”, denuncian en un comunicado. Las infracciones, subrayan, “no solo vulneran derechos, sino que atentan contra la dignidad de trabajadores especialmente vulnerables”.
Además, CTA señala una posible infracción del contrato público por parte de Muser-Prode. Según el sindicato, estos hechos podrían evidenciar una plantilla insuficiente para prestar el servicio con garantías, lo que derivaría en sobrecargas de trabajo y, por tanto, en las irregularidades denunciadas.
Silencio institucional
Pero la crítica no se detiene ahí. El sindicato también apunta al Ayuntamiento de Baena, acusándolo de “falta de seguimiento” del contrato, que ya lleva dos años en vigor. Para CTA, es incomprensible que no se hayan detectado antes estas irregularidades, pese a tratarse de un servicio público financiado con dinero de todos los ciudadanos.
“Instamos a los representantes municipales a investigar a fondo lo sucedido y a sancionar a la empresa, porque lo que está en juego no es solo un servicio público, sino la reputación del propio Ayuntamiento”, advierten desde CTA.
