El debate sobre la transición energética y su impacto en el territorio marcó la agenda política del Pleno ordinario de la Diputación de Córdoba este 18 de febrero. En una sesión donde la gestión de los daños por los temporales copó gran parte del debate presupuestario, la corporación provincial logró articular una posición oficial frente a la proliferación de plantas de biogás en la provincia: exigir una pausa administrativa y una regulación clara.
La institución provincial aprobó, con los votos a favor de PSOE e Izquierda Unida y la abstención del Partido Popular y Vox, instar a la Junta de Andalucía a establecer una moratoria temporal en la concesión de autorizaciones ambientales para estas industrias hasta que se desarrolle una normativa específica que ordene su implantación.
El detonante: “No es transición ecológica, es negocio industrial”
El debate aterrizó en el Palacio de la Merced impulsado por la presión vecinal de la comarca de la Vega del Guadalquivir. Alberto, alcalde de Fuente Carreteros, intervino en la rueda de prensa previa al plenario invitado por el grupo de Izquierda Unida para exponer lo que calificó como una situación de indefensión de los pequeños municipios frente a grandes proyectos energéticos.
El regidor expuso una realidad técnica y administrativa que tildó de “absurda”: el proyecto de una planta de biogás tramitado por el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) se ubicaría a 18 kilómetros de su propio núcleo urbano, pero a escasos metros de las viviendas de Fuente Carreteros, ya en la provincia de Córdoba. “¿Quién sufre el impacto y quién toma la decisión?”, cuestionó el alcalde, señalando que los vecinos receptores asumen los olores, el tráfico pesado y el deterioro de carreteras sin obtener beneficio alguno.
El alcalde distinguió claramente entre la tecnología del biogás —citando modelos de éxito integrados en cooperativas como Covap— y el actual modelo de “macroplantas”, que definió como un “negocio industrial disfrazado de solución verde” que convierte a los territorios rurales en receptores de residuos de cientos de kilómetros a la redonda.
Los acuerdos clave: Mapa de plantas y blindaje legal
Las mociones aprobadas (puntos 30 y 31 del orden del día), defendidas por el portavoz socialista José Manuel Millán y el a portavoz de IU José Manuel Cobo, establecen una hoja de ruta clara de exigencias al Gobierno autonómico:
- Suspensión cautelar: Se solicita paralizar la tramitación administrativa y ambiental de nuevos proyectos de biogás y biometano hasta contar con una nueva normativa sectorial.
- Legislación autonómica específica: Se exige a la Junta una ley que unifique criterios, establezca distancias mínimas obligatorias a los núcleos de población y evalúe el impacto acumulativo en la salud y la calidad del aire.
- Transparencia: La publicación de un mapa oficial que detalle todas las plantas actualmente en tramitación en la provincia de Córdoba, especificando su ubicación y estado administrativo.
La posición del PP: Abstención constructiva y mirada a Europa
El Grupo Popular, que sustenta el gobierno de la Diputación, optó por no bloquear la iniciativa, facilitando su aprobación mediante la abstención. Su portavoz introdujo una enmienda de adición, que fue aceptada por los grupos proponentes, para elevar el tiro hacia la normativa comunitaria.
El texto final incluye, instar al Gobierno de España a realizar la transposición completa de la directiva europea 2023/2413, relativa al fomento de energías renovables. El objetivo de los populares es “eliminar la inseguridad jurídica” y alinear los criterios de sostenibilidad nacionales con el derecho de la Unión Europea, buscando un marco que ofrezca garantías tanto a los inversores como a los vecinos.
Un mensaje político a San Telmo
La aprobación de este punto supone un movimiento institucional relevante.
La Diputación de Córdoba, presidida por el Partido Popular, envía así un mandato directo a la Junta de Andalucía (del mismo signo político) para que tome cartas en un asunto que está generando una creciente conflictividad social en el mundo rural. Es el síntoma de que el mundo rural ha despertado ante lo que consideran la “trampa verde”. Los ayuntamientos ya no aceptan cheques en blanco bajo la promesa de la economía circular si el precio a pagar es convertirse en el vertedero de residuos industriales de media España.