La gestión ambiental vuelve a situarse en el centro del debate en la provincia de Córdoba. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha sido señalada por colectivos ecologistas por un presunto incumplimiento de la Ley de Transparencia en relación con un proyecto que afecta directamente al arroyo Carrasco, un espacio de alto valor ecológico entre los términos municipales de Baena y Valenzuela.
El origen de la controversia se remonta al pasado 1 de abril de 2026, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el anuncio por el que se sometía a información pública la solicitud de autorización para realizar labores de desbroce de herbáceas y retirada de sedimentos, arrastres y restos vegetales en este cauce.
Acceso limitado a la información: una barrera en pleno siglo XXI
Según denuncia el colectivo GRODEN-Ecologistas en Acción, la documentación técnica que debería estar disponible desde el primer momento para consulta pública no ha sido publicada ni en la web de la CHG ni en las sedes electrónicas de los ayuntamientos implicados.
Lejos de facilitar el acceso digital, el propio anuncio oficial indica que el expediente únicamente puede examinarse de forma presencial en la Comisaría de Aguas, en Sevilla. Una exigencia que obliga a los interesados a desplazarse físicamente, algo que los ecologistas califican de “insólito” en un contexto donde la administración electrónica debería garantizar transparencia y accesibilidad.
Reacción ecologista: presión y acceso forzado al expediente
Ante esta situación, GRODEN-Ecologistas en Acción solicitó formalmente el acceso al expediente y su personación como parte interesada. Tras insistir, la CHG terminó remitiendo la documentación técnica al colectivo, lo que ha permitido iniciar el análisis del proyecto.
Sin embargo, la organización advierte de que este tipo de prácticas no son un caso aislado. Denuncian que el incumplimiento de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se está convirtiendo en una tendencia preocupante en distintas administraciones, incluyendo también casos previos relacionados con la Junta de Andalucía y entidades locales.
Un enclave clave para la biodiversidad, en el punto de mira
El trasfondo de esta controversia no es menor. El entorno del arroyo Carrasco constituye uno de los hábitats más relevantes para las aves esteparias en la provincia de Córdoba. Especies como el sisón, la avutarda, la calandria, el aguilucho cenizo, el triguero o el alcaraván encuentran en este espacio un refugio esencial para su supervivencia.
Desde el colectivo ecologista insisten en que la falta de transparencia impide evaluar con rigor el impacto ambiental de las actuaciones previstas. Temen que los trabajos de limpieza y retirada de sedimentos puedan alterar de forma significativa este ecosistema, comprometiendo la conservación de especies especialmente sensibles.
Transparencia y medio ambiente: una asignatura pendiente
Este episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave: el acceso a la información ambiental como pilar fundamental para la protección del entorno. Sin datos, sin participación pública efectiva y sin garantías de transparencia, los proyectos que afectan a espacios naturales quedan envueltos en incertidumbre.
Mientras tanto, el foco sigue puesto en la actuación de la CHG y en la necesidad de que las administraciones públicas refuercen sus mecanismos de transparencia. Porque en juego no solo está el cumplimiento de la ley, sino la conservación de uno de los enclaves naturales más valiosos del territorio cordobés.