Izquierda Unida de Baena y Albendín ha dado un nuevo paso en su oposición a la proyectada planta de biometano prevista en las inmediaciones de Oleícola El Tejar. En una comparecencia pública, la formación ha presentado el contenido de las alegaciones registradas dentro del procedimiento de información pública de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), un documento técnico y jurídico de 28 páginas, que cuenta con 14 alegaciones con el que solicita a la Junta de Andalucía que no conceda la autorización al considerar que el proyecto presenta importantes carencias y riesgos para el territorio.
Manuel Germán Dorado, abrió la rueda de prensa subrayando que la organización mantiene una posición basada en la defensa del interés general, la salud pública, la protección ambiental, la transparencia democrática y una transición ecológica “justa”. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que Izquierda Unida no rechaza las energías renovables ni la valorización de residuos orgánicos, siempre que respondan a necesidades reales del territorio, tengan una dimensión proporcionada, cuenten con una evaluación rigurosa y generen beneficios sociales para la población. La explicación técnica de las alegaciones corrió a cargo del portavoz municipal, David Bazuelo, quien agradeció el trabajo desarrollado por el área provincial de Medio Ambiente de Izquierda Unida y por su responsable, Reyes, para elaborar un documento sustentado en normativa ambiental y argumentos jurídicos.
Una “macroplanta industrial” y no una instalación ligada al territorio
El primer bloque de alegaciones sostiene que el proyecto debe ser considerado una gran instalación industrial con una incidencia territorial relevante. Según expuso David Bazuelo, la planta contempla una capacidad de tratamiento de hasta 300.000 toneladas anuales en una primera fase y 400.000 en una segunda, funcionando de manera ininterrumpida durante todo el año.
Para IU, estas dimensiones implican un volumen de actividad muy alejado de una instalación destinada únicamente a gestionar residuos agrícolas del entorno, incorporando procesos de producción de biogás, biometano, licuefacción de CO₂, almacenamiento de residuos y un intenso tráfico pesado que, a su juicio, debe analizarse desde una perspectiva global.
Reclaman evaluar conjuntamente el impacto con Oleícola El Tejar
Uno de los ejes centrales de las alegaciones es la exigencia de que la evaluación ambiental no analice la planta de forma aislada.
La formación sostiene que el proyecto se ubicará junto a una industria ya existente y considera imprescindible valorar los efectos acumulativos y sinérgicos de ambas actividades sobre la población, el paisaje, el tráfico, la calidad del aire y el medio ambiente.
A juicio de IU, omitir ese análisis supondría incumplir la legislación estatal de evaluación ambiental y dejar sin estudiar el impacto real que tendría el conjunto industrial sobre el municipio.
Información incompleta sobre agua, residuos y digestatos
Otro de los argumentos expuestos durante la comparecencia hace referencia a la documentación sometida a información pública.
Izquierda Unida considera que faltan datos esenciales relativos al balance hídrico, la generación de digestatos, la capacidad de almacenamiento, el consumo anual de agua o los sistemas previstos para gestionar los residuos.
Según la organización, esta ausencia de información limita el derecho de participación pública e impide conocer con precisión cuál sería el funcionamiento real de la instalación y los márgenes de seguridad previstos en caso de averías o incidencias.
Olores, tráfico, ruido y riesgos ambientales
Las alegaciones dedican varios apartados a los posibles efectos derivados de la actividad industrial.
Entre las principales peticiones destacan la elaboración de un estudio olfatométrico reforzado que contemple escenarios desfavorables y el impacto conjunto con Oleícola El Tejar, la prohibición del almacenamiento de materiales odoríferos y digestatos al aire libre y la implantación de planes específicos para la gestión de olores.
Del mismo modo, IU solicita un estudio independiente sobre el tráfico pesado que evalúe el uso de caminos rurales y vías pecuarias, los riesgos para la seguridad vial, el deterioro de infraestructuras y las medidas correctoras que deberían implantarse.
Las alegaciones también reclaman nuevos estudios sobre contaminación acústica, emisiones de metano, calidad del aire, biodiversidad, impacto paisajístico, riesgos tecnológicos, protección de recursos hídricos y afecciones sobre especies protegidas presentes en la zona.
Salud pública y retorno social
La organización sostiene que la evaluación ambiental no debe limitarse al cumplimiento formal de determinados parámetros técnicos, sino incorporar criterios relacionados con la calidad de vida, la salud pública y la justicia ambiental.
En este sentido, cuestiona que los posibles impactos recaigan sobre la población y el territorio mientras los beneficios económicos se concentran en una empresa privada, por lo que reclama mecanismos de control público, transparencia y participación ciudadana durante toda la vida útil de la instalación.
Entre las medidas planteadas figuran la creación de una comisión de seguimiento con presencia institucional y vecinal, la publicación periódica de datos ambientales, auditorías independientes, prioridad para el empleo local y garantías económicas suficientes para responder ante posibles daños ambientales.
IU anuncia que seguirá actuando si la Junta autoriza el proyecto
La formación concluye sus alegaciones solicitando expresamente a la Consejería competente que deniegue la Autorización Ambiental Integrada mientras no se subsanen las deficiencias detectadas y no se incorporen estudios adicionales sobre olores, movilidad, digestatos, biodiversidad, riesgos tecnológicos, balance hídrico e impactos acumulativos.
No obstante, durante la rueda de prensa los responsables municipales dejaron claro que, si finalmente la Junta de Andalucía autorizara la planta, Izquierda Unida continuará explorando nuevas vías administrativas e institucionales para impedir su implantación.
David Bazuelo recordó que el Ayuntamiento todavía no ha tenido acceso al proyecto completo, ya que el procedimiento actual se limita a la evaluación ambiental, aunque aseguró que, llegado el momento, el equipo de gobierno estudiará todas las alternativas legales disponibles.
La portavoz Cristina Vidal insistió en que la organización “no se va a quedar en esta sola fase” y reiteró que continuará defendiendo la paralización de la macroplanta “hasta el final”. En la misma línea, Manolo Ortiz afirmó que IU considera que existen alternativas industriales “con mayor creación de empleo y mayor beneficio social” para Baena y Albendín y anunció que la formación respaldará futuras movilizaciones ciudadanas si el procedimiento continúa avanzando.