El PP defiende en el Parlamento la creación de plantas de biometano entre ellas la de Baena
La polémica por la implantación de plantas de biogás y biometano en Andalucía ha llegado al Parlamento autonómico con una referencia directa al proyecto previsto en Baena. Durante el debate de una moción presentada por Adelante Andalucía, la diputada del Partido Popular Francisca María Rosa Crespo defendió las oportunidades laborales de estas instalaciones y aseguró que la planta proyectada en Baena prevé generar diez empleos directos y entre 30 y 40 indirectos.
La intervención de la parlamentaria popular introduce un nuevo elemento en el debate que se mantiene abierto en el municipio, donde el proyecto de biometano ha provocado el rechazo de colectivos ciudadanos y el posicionamiento contrario del Gobierno municipal.
La diputada defendió que las plantas de biometano generan actividad económica y ofrecen a agricultores y ganaderos una alternativa para aprovechar los residuos de sus explotaciones. Las cifras expuestas sobre Baena corresponden, por tanto, a previsiones de empleo defendidas por el PP, no a puestos de trabajo ya creados.
Adelante Andalucía pide paralizar los proyectos hasta contar con una planificación
El debate se produjo durante el quinto punto del orden del día de la sesión parlamentaria, dedicado a una moción sobre las plantas de biogás en Andalucía presentada por Adelante Andalucía, a la que el Grupo Socialista había formulado varias enmiendas.
La parlamentaria Miren Begoña Iza de la Torre defendió la necesidad de establecer una moratoria que permita revisar el modelo de implantación de estas industrias antes de continuar con nuevas autorizaciones.
«Lo primero que pedimos, que piden los colectivos, es una moratoria, es pararnos y pensar y planificar», manifestó.
Iza cuestionó el despliegue de estas instalaciones sin una ordenación territorial previa y aludió a la previsión de hasta 334 plantas de biogás en Andalucía, una cifra utilizada durante el debate para ilustrar la magnitud potencial del sector.
Entre las principales preocupaciones expuestas por Adelante Andalucía figuran el consumo de agua, la gestión del digestato, los posibles olores, las emisiones y el incremento del tráfico pesado por las carreteras de los municipios afectados.
La formación también reclamó que las instalaciones se ubiquen únicamente donde exista una necesidad acreditada de gestionar residuos, con distancias adecuadas a los núcleos habitados y con la participación de la población.
Por Andalucía menciona expresamente a Baena entre los municipios afectados
La situación de Baena volvió a aparecer durante la intervención del representante de Por Andalucía, Sánchez Rufo, quien incluyó expresamente al municipio entre los territorios donde existe movilización ciudadana por los proyectos de biogás.
«Hay que acordarse, en este debate, de la gente de Jaén, de Baena, de Pozoblanco, de la gente del Aljarafe, de la Vega de Granada y de Arcos de la Frontera», manifestó.
El parlamentario defendió que el aprovechamiento energético de los residuos puede resultar positivo, pero consideró imprescindible distinguir entre las plantas vinculadas a la producción agrícola y ganadera de su entorno y aquellas diseñadas para recibir grandes cantidades de residuos procedentes de otras comarcas.
Por Andalucía anunció su voto favorable a la moción y respaldó una moratoria acompañada de un plan autonómico que estudie la disponibilidad de residuos, la capacidad de cada territorio y los efectos acumulados de las instalaciones.
El PSOE acusa a la Junta de dejar solos a los ayuntamientos
La diputada socialista María Victoria Fernández Domínguez centró buena parte de su intervención en las responsabilidades de la Junta de Andalucía y en las dificultades que afrontan los gobiernos municipales cuando reciben propuestas para instalar estas industrias.
Fernández sostuvo que la Administración autonómica debe establecer criterios comunes de planificación y evitar que cada ayuntamiento tenga que resolver individualmente conflictos relacionados con el agua, el transporte de residuos o la proximidad de las instalaciones a las viviendas.
«Una instrucción administrativa no es un plan territorial. Tramitar expedientes no equivale a planificar», afirmó.
La representante socialista aportó también cifras sobre la expansión del sector. Según expuso, en marzo de 2026 la Agencia Andaluza de la Energía había identificado 97 proyectos de biogás, aclarando expresamente que no se trataba de plantas autorizadas.
De acuerdo con los datos citados por la diputada, el 60% de esos proyectos se concentraba en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla.
El PSOE defendió el aprovechamiento de los residuos agrícolas y ganaderos para producir energía renovable, pero reclamó que la Junta asuma la planificación territorial y proporcione seguridad jurídica a los municipios.
El PP rechaza la moratoria y defiende los controles ambientales existentes
Frente a estas posiciones, anunció el voto contrario del Partido Popular a la moción de Adelante Andalucía. La diputada consideró que las medidas propuestas supondrían frenar inversiones y oportunidades de desarrollo para el medio rural. También rechazó las acusaciones de falta de control administrativo.
Según explicó, los proyectos deben someterse a estudios de impacto ambiental, evaluaciones sobre biodiversidad, agua y emisiones, procedimientos de información pública e informes sectoriales antes de recibir las autorizaciones correspondientes.
Crespo defendió igualmente el papel de los ayuntamientos en la tramitación urbanística y sostuvo que los proyectos que no cumplan las exigencias legales y ambientales no pueden autorizarse.
Para ilustrar las posibilidades del sector, además de citar la planta de Baena, mencionó el proyecto de biometano promovido por Moeve en Gibraleón (Huelva), con una inversión próxima a los 30 millones de euros y autorización ambiental integrada, según expuso.
Vox reclama estudiar cada proyecto, pero rechaza una paralización general
Por su parte, la parlamentaria de Vox Clotilde Salvador Sánchez defendió que cada instalación debe examinarse individualmente, atendiendo a sus características, su ubicación y las necesidades del municipio.
La diputada reconoció que existen localidades que apoyan estas inversiones por sus posibles beneficios económicos, mientras otras las rechazan por sus efectos sobre el tráfico, los acuíferos, las viviendas o la actividad agrícola.
Salvador Sánchez reclamó mayores garantías sobre la gestión del digestato, las distancias a los núcleos urbanos y hace especial hincapié en la participación vecinal, aunque rechazó una moratoria general que pudiera paralizar proyectos beneficiosos para determinadas explotaciones o cooperativas.
La moción presentada por Adelante Andalucía fue finalmente rechazada por el Parlamento andaluz. La votación, celebrada alrededor de las 19:30 horas de este jueves, se saldó con 62 votos en contra y 32 a favor, por lo que no salió adelante la propuesta que reclamaba una moratoria para las plantas de biogás y biometano y una mayor planificación territorial de estas instalaciones. El resultado mantiene abierto el debate sobre su implantación en municipios como Baena.
