El Pleno Septiembre recuperará la decisión sobre los proyectos en suelo rústico dos años después de delegarla para «evitar retrasos»
El Pleno del Ayuntamiento de Baena volverá a tener en sus manos la aprobación o denegación de los Proyectos de Actuación extraordinarios en suelo rústico si prospera la propuesta que llegará a la sesión ordinaria de septiembre. El cambio devuelve a los 17 concejales una competencia que el propio Pleno decidió delegar en la Junta de Gobierno Local hace poco más de dos años, con los votos de PSOE e IU y la oposición de PP y Vox.
El expediente fechado el 17 de septiembre de 2026 justifica ahora la recuperación de esa facultad por el «elevado número y la relevancia» de los proyectos que se están tramitando y por razones de organización interna. El informe sostiene que algunos presentan una «especial relevancia, extensión o repercusión territorial, económica y social para el municipio» y considera conveniente que las decisiones regresen al Pleno para reforzar la transparencia, la gestión, la coordinación y la participación de todos los grupos políticos.
El movimiento se produce en un escenario muy distinto al de julio de 2024. Entonces todavía no había estallado la controversia ciudadana en torno a la planta de producción de biometano proyectada por Hojiblanca Biometano 5 S.L. en los parajes de La Amarguilla y La Pililla. Ahora el proyecto acumula meses de debate político, alegaciones y movilización vecinal.
La documentación municipal analizada, sin embargo, no señala expresamente la planta de biometano como causa de la revocación. La motivación formal habla con carácter general del número y entidad de los Proyectos de Actuación. Esa distinción resulta relevante: la coincidencia con la tramitación de la planta forma parte del contexto político y administrativo en el que se produce el cambio, pero el informe no establece por escrito una relación causal directa.
De agilizar las decisiones a devolverlas al Pleno
Para entender el alcance de la propuesta hay que regresar al 29 de julio de 2024.
La normativa andaluza atribuye la resolución de estos procedimientos al órgano municipal competente para la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística. El informe jurídico municipal determinó entonces que correspondía al Pleno, aunque se trataba de una competencia susceptible de delegación.
El gobierno municipal decidió utilizar esa posibilidad.
La Providencia de Alcaldía justificó expresamente la delegación en la Junta de Gobierno por razones de «eficacia y mayor celeridad» en la resolución de los procedimientos.
José Andrés García Malagón, concejal del PSOE, defendió durante aquel Pleno que los empresarios que quisieran desarrollar actuaciones extraordinarias en suelo rústico no debían tener que esperar a la convocatoria de una sesión plenaria. El objetivo, explicó, era conseguir una administración «más ágil» y acelerar expedientes relacionados, en muchos casos, con iniciativas empresariales.
El argumento llegó incluso a plantearse en términos de días. García Malagón puso como ejemplo una industria cuyo expediente estuviera preparado durante agosto: con la competencia en el Pleno tendría que esperar hasta septiembre, mientras que la Junta de Gobierno podía resolverlo prácticamente de inmediato. El portavoz socialista consideró aquellos expedientes asuntos con escaso margen de decisión una vez completados los informes necesarios.
La posición de Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno municipal, fue igualmente favorable a sacar estas resoluciones del Pleno. Su portavoz, David Bazuelo, defendió que la delegación permitiría hacer los expedientes “más ágiles” y evitar que los promotores permanecieran esperando durante años. Puso como ejemplo dos actuaciones que llevaban largo tiempo pendientes y sostuvo que acelerar su resolución facilitaría la puesta en marcha de actividades capaces de generar empleo y aumentar los ingresos municipales.
La posición del Partido Popular fue justamente la contraria. Su portavoz en aquel punto, Mari Carmen García Pérez, puso el foco en la diferencia entre actuaciones ordinarias y extraordinarias y defendió que, precisamente por el carácter de estas últimas, debía ser el Pleno quien decidiera.
El PP sostuvo que en estas actuaciones podían estar implicados el interés público y social y que atribuir la competencia al Pleno permitía participar a los distintos grupos que representan a Baena y Albendín. Según argumentó, delegarla en la Junta de Gobierno dejaba fuera de la decisión final a una parte de esa representación municipal.
La alcaldesa, María Jesús Serrano, defendió también que se trataba de una cuestión «meramente burocrática y administrativa» y aseguró que la información y la transparencia quedarían garantizadas pese al traslado de la decisión a la Junta de Gobierno.
PSOE e IU aprobaron finalmente la delegación por nueve votos frente a los siete de PP y Vox.
Dos meses después apareció el proyecto de biometano
El calendario adquiere especial relevancia con la situación actual.
Según la documentación aportada, el 4 de septiembre de 2024, poco más de un mes después de aquel Pleno, Hojiblanca Biometano 5 S.L. presentó una solicitud de informe de compatibilidad urbanística acompañada de una memoria para implantar una planta de producción de biometano junto a las instalaciones de Oleícola El Tejar.
El 14 de noviembre de ese año, los servicios técnicos municipales emitieron informe favorable sobre la compatibilidad del uso industrial con el planeamiento, aunque la instalación, al proyectarse en suelo rústico, debía continuar su tramitación como actuación extraordinaria y cumplir el resto de procedimientos e informes exigibles.
La controversia pública llegaría mucho después.
En noviembre de 2025, con el Proyecto de Actuación sometido a información pública, la instalación comenzó a ocupar el centro del debate municipal. Surgieron alegaciones y colectivos contrarios al proyecto, con objeciones relacionadas con los olores, el tráfico pesado, la gestión de los materiales empleados y resultantes del proceso, el paisaje y sus posibles efectos sobre el entorno y la calidad de vida.
El asunto llegó también al Pleno. El PP cuestionó la información ofrecida durante la tramitación y reclamó acceso a la documentación y explicaciones sobre el proyecto. IU acabaría manifestando públicamente su oposición a la instalación después de que su asamblea local analizara el asunto.
Desde entonces, el proyecto de biometano ha pasado de ser un expediente urbanístico prácticamente desconocido fuera del Ayuntamiento a convertirse en uno de los asuntos de mayor debate político y ciudadano del municipio.
El argumento de la participación cambia de sentido
Hay otro elemento que permite medir el giro respecto a 2024.
Cuando PP y Vox cuestionaron hace dos años que una decisión atribuida inicialmente al Pleno pasara a la Junta de Gobierno, IU respondió que los grupos municipales no quedarían apartados de los expedientes. David Bazuelo recordó que las propuestas debían pasar previamente por las correspondientes comisiones informativas, donde la oposición podría conocerlas y ejercer su labor de control.
En el pleno ordinario del pasado mes de Marzo, desde VOX lanzaban sus críticas, Luis Comino reprochó que en julio de 2024 se retiraran competencias al Pleno para delegarlas en la Junta de Gobierno Local en materia de actuaciones extraordinarias en suelo rústico. Debido a lo que consideró “faltar a la verdad”, solicitó abiertamente la dimisión de la alcaldesa.
El nuevo informe utiliza ahora precisamente la participación política como una de las razones para recuperar la competencia.
El documento considera conveniente que sea el Pleno, definido como órgano de máxima representación municipal y donde participan todos los grupos políticos, el que vuelva a resolver estos expedientes. El objetivo declarado es reforzar la transparencia, la gestión y la coordinación.
No existe, según el expediente, un cambio normativo que obligue a hacerlo.
La legislación continúa permitiendo la delegación. El artículo 9.6 de la Ley 40/2015 establece también que una competencia delegada puede ser revocada en cualquier momento por el órgano que la confirió.
El propio informe municipal de 2026 reconoce que dejar sin efecto la delegación responde a una decisión de carácter discrecional y de oportunidad organizativa, sin necesidad de que aparezca una causa legal nueva que obligue a adoptar el cambio.
Por tanto, lo que ha variado en estos dos años no es quién tiene originariamente la competencia ni la posibilidad legal de delegarla. Ha cambiado el criterio sobre dónde resulta conveniente adoptar la decisión.
En 2024, el gobierno municipal consideraba prioritario evitar esperas y agilizar inversiones. En septiembre de 2026, con varios Proyectos de Actuación sobre la mesa y con la planta de biometano convertida en objeto de movilización y confrontación política, la propuesta apuesta por que la decisión final vuelva al Pleno.
La decisión volverá a los 17 concejales
Si la propuesta sale adelante, la revocación será total y la competencia regresará íntegramente al Pleno. La Junta de Gobierno Local dejará de tener la última palabra municipal sobre la aprobación o denegación de los Proyectos de Actuación correspondientes a actuaciones extraordinarias en suelo rústico.
El cambio adquiere una dimensión política especial por el momento en el que se produce. La planta de biometano continúa recorriendo un procedimiento en el que intervienen distintas administraciones y organismos mediante informes y autorizaciones dentro de sus respectivas competencias. Por ello, habrá que esperar al desarrollo completo del expediente para determinar en qué condiciones llega finalmente la actuación a la decisión municipal y qué margen jurídico tiene entonces el Ayuntamiento.
Pero si ese recorrido administrativo conduce finalmente hasta la aprobación, el escenario será muy diferente al diseñado en julio de 2024. La decisión ya no quedaría circunscrita a la Junta de Gobierno Local: tendría que pasar por el Pleno y obligaría a los grupos municipales a fijar públicamente su posición y votar.
Ahí reside una de las consecuencias políticas más relevantes del cambio. En julio de 2024, PSOE e IU defendieron que trasladar estas decisiones a la Junta de Gobierno permitiría «agilizar» los expedientes y evitar retrasos a los promotores. Dos años después, con la planta de biometano convertida en motivo de movilización ciudadana y debate político, la propuesta devuelve esa responsabilidad al lugar del que salió: el Pleno municipal.
