Iniciamos el mes de septiembre con pleno municipal, correspondiente al mes agosto, que por acuerdo de los grupos políticos, se traslada al presente mes.
Un pleno con el habitual reconocimiento extrajudicial de obligaciones por valor de algo más de 200.000 euros, donde la partida de ayuda a domicilio sigue figurando entre las más abultadas, cerca de los 150.000 euros
Además, como viene siendo habitual en los últimos plenos, la intervención municipal ha dejado constancia de reparos en numerosas facturas especificando el motivo el cual es reincidente tras los reparos que ha interpuesto la intervención municipal, afectado a un total de 12 facturas sin contrato o con contrato caducado. Por lo cual la intervención suspende la tramitación hasta que el reparo sea solventado.
Dejaremos que el señor Bazuelo tenga a bien explicarnos la procedencia de las 20 facturas que vienen a reconocimiento como viene siendo habitual en todos los plenos.
Tras este punto del orden del día, aparecen tres más, que han sido traídos a pleno por los distintos grupos políticos.
A petición de Iporba, se tratará en el pleno de la propuesta de revisión de una resolución de alcaldía del 2013, entre el Ayuntamiento de Baena y Agroenergética Baena, que con toda probabilidad no saldrá adelante. Su portavoz, Luis Moreno, expondrá al pleno los motivos por los que, según él, dicha resolución, presuntamente, no se ajusta a la legalidad. Para el edil de Iporba tal resolución ha perjudicado económicamente al municipio de Baena en varios millones de euros, como así lo ha tratado de explicar a lo largo de 20 folios enviados al ayuntamiento.
A continuación, el PSOE dará conocimiento al pleno de la moción que gira en la promoción de políticas y estrategias para poner en marcha un plan integral de regeneración urbana, como ha explicado en el día de ayer en rueda de prensa, que se puede leer en nuestro diario, como marco de las políticas que se deben poner en marcha para acceder a los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Ciudadanos, también presenta una moción, en este caso, a través de su concejal Joaquín Morales, donde pone en conocimiento a la Corporación Municipal de un problema que se van a generar en muchos municipios de la provincia tras la publicación de la ordenanza provincial reguladora de medidas excepcionales por la sequía y el cierre de las piscinas públicas, ya aprobada de manera inicial por el Pleno de la Diputación de Córdoba, donde se recogía un amplio paquete de medias, desde campañas de concienciación hasta sanciones económicas, que la Empresa Provincial Aguas de Córdoba (Emproacsa) aplicará próximamente en los municipios si la grave sequía persiste, como parece previsible.
Buscando la mediación de la Diputación de Córdoba para que destine una partida para sufragar el sufragar el coste de todas las piscinas públicas de la provincia y no se derroche ni una gota de agua más.