El campo andaluz volverá a salir a la calle este miércoles 28 de octubre para reclamar soluciones a una situación que, según denuncian las organizaciones agrarias, está poniendo en riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas. Medio millar de tractores recorrerán el centro de Madrid hasta el Ministerio de Agricultura, en una movilización que reunirá a productores de distintas provincias españolas y a la que se sumarán ASAJA-Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía.
La protesta llega en un momento de creciente preocupación por el aumento de los costes de producción, los precios que perciben los agricultores y ganaderos y las perspectivas de financiación de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. Las organizaciones convocantes consideran que las explotaciones soportan cada vez más obligaciones y gastos sin que sus ingresos permitan garantizar una rentabilidad suficiente.
Bajo el lema «Dar de comer tiene que dar para vivir», los participantes exigirán medidas inmediatas para aliviar los costes y cambios en las políticas agrarias y comerciales que, a su juicio, están perjudicando a los productores europeos.
La tractorada partirá a las 11.00 horas de la plaza de Colón y recorrerá el paseo de Recoletos y el paseo del Prado hasta llegar al paseo de la Infanta Isabel, frente al Ministerio de Agricultura, donde está prevista la concentración de agricultores y ganaderos.
Gasóleo agrícola y fertilizantes: las primeras medidas que reclama el sector
Una de las principales reivindicaciones es la puesta en marcha de un plan de choque que permita reducir los gastos que soportan las explotaciones. Las organizaciones reclaman la implantación de un gasóleo profesional agrícola con fiscalidad reducida y una bonificación que se aplique directamente en el momento de repostar.
Mientras se establece este sistema, solicitan una ayuda pública que cubra el 70 % del sobrecoste real del gasóleo, junto con medidas para contener el impacto económico de los fertilizantes, la energía y otros productos necesarios para la actividad agraria.
El sector sostiene que el encarecimiento de estos recursos, unido a unos precios de venta que en numerosas ocasiones no cubren los gastos, está reduciendo los márgenes de agricultores y ganaderos y dificultando la continuidad de sus explotaciones.
La futura PAC, en el centro de las protestas: casi 10.000 millones menos para España
La financiación europea constituye otro de los grandes motivos de la movilización. ASAJA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias rechazan cualquier debilitamiento de la Política Agraria Común y exigen que el presupuesto correspondiente al periodo 2028-2034 sea suficiente para mantener las ayudas destinadas al sector productivo.
Según las cifras recogidas en el manifiesto de la protesta, la propuesta presupuestaria de Bruselas supondría para España una reducción cercana a los 10.000 millones de euros, equivalente al 28 % en términos reales. Se trata de una estimación de las organizaciones agrarias, que advierten de las consecuencias que tendría esta disminución para las explotaciones dependientes de las ayudas comunitarias.
Las entidades defienden una PAC con financiación propia y dirigida prioritariamente a los agricultores y ganaderos que desarrollan su actividad profesional y viven del campo.
Precios que cubran los costes y controles sobre las importaciones
La tercera gran exigencia afecta al funcionamiento de la cadena alimentaria. Las organizaciones reclaman que se garantice el cumplimiento efectivo de la normativa para evitar que los productores tengan que vender por debajo de sus costes.
Para conseguirlo, solicitan más inspecciones, controles frente a posibles prácticas abusivas y una aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria que tenga en cuenta las particularidades de las cooperativas.
La competencia de los productos procedentes de terceros países también ocupa un lugar destacado entre las reivindicaciones. El sector denuncia que determinadas importaciones llegan al mercado europeo sin estar sometidas a las mismas obligaciones sanitarias, medioambientales y productivas que deben cumplir los agricultores comunitarios.
Ante esta situación, las organizaciones exigen la aplicación de cláusulas espejo que garanticen las mismas reglas para los productos nacionales e importados, controles efectivos en las fronteras y sistemas de trazabilidad y etiquetado que permitan identificar claramente el origen de los alimentos.
También reclaman mecanismos de salvaguardia para proteger a los sectores que puedan resultar perjudicados por la entrada de producciones exteriores.
Menos trámites y sanciones proporcionadas para los agricultores
La reducción de la burocracia completa las cinco grandes reivindicaciones de la tractorada. Las organizaciones agrarias consideran necesario simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la PAC, especialmente los relacionados con la condicionalidad y los ecorregímenes.
Entre las propuestas figura la eliminación de obligaciones duplicadas y la aplicación del denominado derecho al error, para evitar que pequeños fallos administrativos cometidos de buena fe reciban el mismo tratamiento que las irregularidades fraudulentas.
ASAJA-Andalucía, COAG Andalucía y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía sostienen que la acumulación de exigencias normativas incrementa la carga de trabajo y los costes de gestión de las explotaciones, por lo que reclaman una simplificación efectiva que facilite la actividad productiva.
Las tres organizaciones advierten también de que la proximidad de las elecciones generales no debe servir de argumento para retrasar decisiones que consideran urgentes. Su petición es que las administraciones asuman compromisos concretos y adopten medidas que permitan recuperar la rentabilidad de la agricultura y la ganadería.