El Ayuntamiento refuerza la vigilancia en San Pedro ante las quejas por inseguridad y pide más medios judiciales para Baena
El Ayuntamiento de Baena reconoce la inquietud que existe entre los vecinos del casco histórico ante los últimos episodios de inseguridad y asegura que ha intensificado la vigilancia policial, especialmente en el entorno de San Pedro. El delegado de Gobernación, José Andrés García Malagón, ha explicado a Baena Hoy las actuaciones que está desarrollando el Consistorio después de las denuncias vecinales por ocupaciones de viviendas, amenazas, robos y problemas de convivencia.
Las declaraciones del responsable municipal llegan después de que vecinos de esta zona hayan expresado públicamente su malestar por una situación que consideran cada vez más difícil de soportar. En su escrito denuncian robos en vehículos, cristales rotos, intentos de ocupación y agresiones, al tiempo que lamentan la falta de soluciones efectivas y plantean incluso organizar movilizaciones para reclamar mayor seguridad.
García Malagón asegura comprender ese malestar. «Entendemos perfectamente la preocupación que hay ahora mismo», afirma, y reconoce que vivir junto a una vivienda ocupada en la que se producen molestias puede generar miedo e inseguridad. No obstante, sostiene que los problemas están localizados y que conviene diferenciar las ocupaciones de otros delitos registrados recientemente en el municipio.
Una de las principales actuaciones municipales se concentra en San Pedro, donde, según el delegado, la Policía Local mantiene patrullas diarias en todos los turnos, con refuerzos nocturnos y controles preventivos. «Las patrullas en la zona de San Pedro están siendo diarias, constantes, en todos los turnos, con refuerzos por las noches», asegura.
A estas actuaciones se suma la incorporación de agentes de paisano, una medida para la que, según García Malagón, el Ayuntamiento solicitó y obtuvo autorización de la Subdelegación del Gobierno. El concejal considera que esta modalidad de vigilancia permite detectar determinadas conductas que resultan más difíciles de observar cuando los agentes actúan uniformados.
El delegado defiende el trabajo de la Policía Local y de la Guardia Civil, aunque insiste en que las competencias de ambas instituciones son diferentes y que la intervención ante determinados delitos corresponde a las fuerzas de seguridad y a la Administración de Justicia.
En relación con las ocupaciones de viviendas, explica que el Ayuntamiento ha contactado con los propietarios afectados para informarles de la situación y de las posibilidades de actuación. Según su versión, la ausencia de denuncias de algunos titulares dificulta que prosperen determinadas actuaciones judiciales.
«La alcaldesa no puede echarlos, tiene que haber una denuncia y una orden judicial», afirma, en respuesta a quienes reclaman una intervención municipal inmediata para desalojar los inmuebles.
García Malagón reconoce que existen problemas de convivencia vinculados a estas ocupaciones, aunque asegura que el Ayuntamiento no tiene constancia de delitos violentos relacionados directamente con ellas. Su valoración es distinta respecto a los últimos robos, especialmente el sufrido por una mujer en el parque de La Cañada, en el que la víctima resultó lesionada.
El concejal admite que durante las últimas semanas se han producido roturas de cristales de vehículos, hurtos y otros robos. Sin embargo, atribuye buena parte de estos hechos a un número reducido de personas reincidentes, una circunstancia que, a su juicio, exige una respuesta coordinada de las administraciones.
La situación de la Justicia constituye otra de las preocupaciones del equipo de gobierno. García Malagón sostiene que el juzgado de Baena soporta una elevada carga de trabajo y considera necesario reforzar sus medios para agilizar la tramitación de los procedimientos.
Por ello, la alcaldesa, María Jesús Serrano, ha solicitado una reunión con los responsables de Justicia de la Junta de Andalucía para reclamar avances en el compromiso de dotar a Baena de un segundo juzgado.
«Lo que vamos a pedir es que refuercen el juzgado de Baena», explica, al considerar que la actividad policial debe estar acompañada de una Administración de Justicia con recursos suficientes.
Otro de los asuntos que el delegado ha querido aclarar es la existencia de comentarios sobre supuestas ayudas municipales a personas que han ocupado viviendas. García Malagón niega que el Ayuntamiento esté concediendo ayudas sociales a las personas a las que se refieren estas denuncias vecinales. Según explica, el acceso a las prestaciones municipales está sujeto al cumplimiento de requisitos administrativos y de residencia. También afirma que el Consistorio no está tramitando el empadronamiento de las personas implicadas en estos casos de ocupación.
El responsable de Gobernación insiste en que el gobierno municipal ha mantenido contactos con vecinos afectados y asegura que comprende que reclamen respuestas más contundentes.
Pese a las medidas anunciadas, la preocupación expresada por los residentes sigue poniendo el foco en una cuestión que va más allá de la presencia policial: la recuperación de la tranquilidad en las calles donde se están produciendo los incidentes.
Los vecinos, por su parte, reclaman resultados que puedan percibirse en su vida cotidiana. En su escrito resumen su preocupación con una pregunta dirigida a las administraciones: «¿Hasta cuándo vamos a seguir así?».
