El Ayuntamiento de Baena ingresa 3.100€ por dos plazas de administrativo: ¿las tasas de 100 euros han dejado fuera a muchos opositores?
Las oposiciones a dos plazas de administrativo convocadas por el Ayuntamiento de Baena dejarán 3.100 euros en las arcas municipales solo en concepto de tasas por derechos de examen. Con 31 aspirantes admitidos provisionalmente y una tasa de 100 euros por cabeza —una de las más altas de la provincia—, el proceso selectivo no solo busca cubrir puestos clave para el funcionamiento del Consistorio, sino que también ha abierto un debate político y social por el impacto económico que supone para muchos opositores.
El dato, aparentemente anecdótico, ha destapado una controversia que va mucho más allá del balance económico: ¿se están convirtiendo las tasas de examen en una barrera de entrada al empleo público?
La cifra surge tras la publicación del listado provisional de admitidos a las oposiciones correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025. De los 38 aspirantes que formalizaron su solicitud, 31 han sido admitidos provisionalmente. Cada uno pagó 100 euros para participar en el proceso. Una tasa que, hasta hace poco, era de algo superior a solo 20 euros.
La nueva ordenanza fiscal, aprobada a finales del año pasado, supuso un incremento del 900% en la tasa para procesos selectivos como este. Según el equipo de gobierno, el cambio responde a razones “técnicas” y a la necesidad de afrontar los costes derivados de estos procedimientos: dietas para los miembros del tribunal, desplazamientos, uso de instalaciones y personal de apoyo.
Menos opositores, más recaudación
Los datos hablan por sí solos. En la OEP de 2021, con una tasa mucho más baja, se presentaron 110 personas para cuatro plazas. En 2024, para una única plaza, se inscribieron 111 aspirantes. Hoy, con la tasa multiplicada por cinco, apenas se han presentado 38 personas para dos puestos.
La lógica del Ayuntamiento: contener gastos y frenar la ‘fuga de talento’
Desde el consistorio, sin embargo, la explicación que dieron durante el pleno de subida de tasas, va más allá del equilibrio presupuestario. Argumentan que la medida también busca desincentivar la participación masiva de aspirantes “de paso”: opositores que consiguen plaza y, tras unos meses o un par de años, se marchan a otras administraciones mejor remuneradas como la Diputación.
En cualquier caso, los ingresos del proceso —3.100 euros— parecen cubrir sobradamente los gastos estimados: dietas de tribunal, alquiler de instalaciones, personal de apoyo, etc. Un proceso estándar, con cinco miembros en el tribunal y varios funcionarios de apoyo, rara vez supera los 800-1.000 euros en costes directos.
El debate, por tanto, ya no es solo económico. Es también social, ético y político. ¿Debe el acceso a un empleo público depender del bolsillo del aspirante?
En municipios de la provincia, las tasas para este tipo de pruebas rondan los 30 o 40 euros. Baena, con sus 100 euros, registra una de las tarifas más elevadas de la provincia.
