Hace unos días se hizo pública la sentencia por la que el Juzgado de los Social nº 2 de Córdoba, condenaba al Ayuntamiento de Baena, por una demanda presentada por un funcionario del mismo, al pago de 34.201,51€, más las costas generadas por su ejecución, dando un plazo de un mes para la ejecución de la sentencia.
Haciendo historia de los hechos que se han juzgado, el 26-6-2018, se dictaba sentencia a favor del demandante por vulneración de los derechos fundamentales del actor a la dignidad personal y profesional por falta de ocupación efectiva e injustificada, es decir, que al funcionario se le había encomendado una actividad profesional sin contenido.
Este funcionario que estaba adscrito a la delegación de urbanismo, siendo Jesús Rojano alcalde de Baena, no tenía asignada ningún tipo de tarea, ni disponía de medios materiales y tampoco había recibido ningún tipo de encomienda por su superior jerárquico, según consta en la denuncia.
Este proceso se ha alargado durante años, hasta que el 25-7-2019 siendo firme la sentencia, el demandado solicita su cumplimiento, por una parte, ser indemnizado por daños y perjuicios y darle ocupación conforme a la categoría de auxiliar administrativo después de haberse reincorporado el 16-10-18. El funcionario ha estado incapacitado laboralmente durante meses.
Con la llegada de la nueva administración al gobierno municipal de Baena, cumplía lo dictaminado en la sentencia y ordenaba el pago de la cantidad de 10.000 €, trasferida el 1-8-18, y se acordaba la incorporación del trabajador al Área de Urbanismo, para el desempeño de funciones propias de su categoría, cuyas funciones sería desarrolladas en la ficha del puesto que ocupa dicho trabajador dentro de la RPT.
Además, “se le dota equipamiento informático, acceso a las aplicaciones de gestión de Expedientes GES, Portal del Empleado Público, Gestión de Archivo, Oficina Virtual y Padrón de Habitantes, con conexión a una impresora instalada en la Primera Planta del Edificio. Asimismo, cuenta con teléfono móvil para su comunicación interna y externa”.

Según fuentes del Ayuntamiento dicho trabajador ha sido asignado a la Delegación de Salud.
En el pasado pleno ordinario de Julio, se comunicaba que se debía hacer el pago de la sentencia que dictaba el Juzgado de lo Social, donde sentenciaba “condeno al AYUNTAMIENTO DE BAENA al pago de 34.201,51 € (9.201,51 por los días de baja más 25.001 € con las costas) las costas generadas en la ejecución”.
Resulta indecente la cantidad de dinero que se ha desperdiciado durante años por tener a un funcionario en una situación anormal que, con un sueldo de 2.178,60 euros al mes, ha estado de brazos cruzados mes tras mes.