El Ayuntamiento de Baena cierra filas contra la planta de biometano con una moción unitaria salvo el apoyo de Vox
La presión ciudadana que desde hace semanas crece en Baena contra el proyecto de instalación de una planta de biometano marcó este jueves el desarrollo del Pleno ordinario de junio. Mientras a las puertas del Ayuntamiento se preparaba una concentración vecinal, el salón de sesiones acogía uno de los debates políticos más intensos de los últimos años, con la aprobación de una moción conjunta de la Corporación Municipal que escenificó una unidad institucional frente al proyecto, aunque dejó al descubierto importantes diferencias sobre la gestión política realizada desde que comenzó la tramitación del expediente.
La moción, promovida por la Alcaldía y presentada como una declaración institucional de toda la Corporación, salió adelante con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, mientras que Vox votó en contra tras ver rechazada previamente una enmienda a la totalidad con la que pretendía sustituir íntegramente el texto.
Siete compromisos para frenar cualquier industria que genere molestias
Antes del debate, la alcaldesa, María Jesús Serrano, explicó el sentido de una iniciativa que, según defendió, nacía con el objetivo de trasladar un mensaje de unidad a la ciudadanía “ante tanta preocupación, polémica y ruido” generado alrededor del proyecto.
El acuerdo aprobado fija siete compromisos que marcan la posición oficial del Ayuntamiento. El primero de ellos expresa el “rechazo absoluto y firme” de toda la Corporación a la instalación de cualquier planta de biometano o de cualquier otra industria que pueda generar malos olores, impactos sanitarios o poner en riesgo la calidad de vida y el entorno olivarero del municipio.
La moción también ratifica la voluntad del Ayuntamiento de utilizar “todos los resortes técnicos, jurídicos y urbanísticos” disponibles para impedir este tipo de instalaciones, recuerda las actuaciones ya realizadas —como la suspensión de plazos administrativos y la denegación de la licencia de conexión de gas— e insta a la Junta de Andalucía a paralizar cautelarmente la tramitación ambiental de las plantas de biogás y biometano hasta que exista una normativa específica que establezca distancias mínimas respecto a los núcleos de población.
Entre los acuerdos figura igualmente el compromiso de aprobar con carácter urgente el futuro Plan Especial de Regulación de Energías Renovables, garantizar información pública transparente durante toda la tramitación del expediente y actuar priorizando el bienestar vecinal por encima de cualquier interés político o electoral.
Vox defiende una moción “más ambiciosa”
El portavoz de Vox, Eduardo Molleda, defendió una enmienda a la totalidad al considerar que el texto impulsado por el equipo de gobierno llegaba tarde y era menos ambicioso que la propuesta registrada previamente por su grupo.
Molleda reprochó al gobierno municipal no haber impulsado antes el Plan Especial y criticó la gestión realizada desde que el proyecto comenzó a conocerse. A su juicio, el Ayuntamiento perdió una oportunidad para adelantarse a la tramitación urbanística y acusó al equipo de gobierno de improvisación, falta de liderazgo y escasa transparencia. También insistió en que la ciudadanía debía participar mediante mecanismos de consulta más amplios.
Sin embargo, tanto la alcaldesa como los portavoces del resto de grupos defendieron que la propuesta de Vox contenía medidas incompatibles con el marco jurídico vigente y que una moratoria de tres años, como la planteada inicialmente por esta formación, carecía de cobertura legal.
Izquierda Unida reivindica el rigor jurídico
La portavoz de Izquierda Unida y delegada de Medio Ambiente, Cristina Vidal, fue especialmente contundente al responder a Vox. Recordó que la autorización ambiental integrada corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía y subrayó que el Ayuntamiento únicamente puede actuar dentro de las competencias que le atribuye la legislación.
Vidal defendió que el Consistorio ya ha presentado alegaciones técnicas al procedimiento ambiental, anunció que Izquierda Unida registrará además sus propias alegaciones y reiteró la oposición de su formación a cualquier proyecto que pueda perjudicar la salud de la población o el medio ambiente.
“La ley no permite hacer lo que ustedes plantean”, llegó a afirmar durante el debate, acusando a Vox de desconocer el procedimiento administrativo aplicable a este tipo de instalaciones.
El PP apoya la moción, pero acusa al gobierno de llegar tarde
Aunque finalmente respaldó la declaración institucional, el portavoz del Partido Popular, Javier Vacas, centró buena parte de su intervención en cuestionar la actuación del equipo de gobierno durante los dos últimos años.
Según defendió, el Ayuntamiento conocía desde 2024 la existencia de movimientos relacionados con la posible implantación de la planta y debería haber informado antes tanto a la oposición como a la ciudadanía, además de haber impulsado con mayor rapidez herramientas urbanísticas como el futuro Plan Especial.
Pese a esas críticas, el PP anunció su voto favorable al entender que la defensa del interés general debía situarse por encima de las diferencias políticas y reclamó mantener la unidad institucional durante toda la tramitación del expediente.
El PSOE reivindica la unidad frente a la confrontación
El portavoz socialista, José Andrés García Malagón, defendió que la moción pretendía lanzar “una sola voz” en representación de toda la ciudadanía y acusó a la oposición, especialmente a Vox, de alimentar un relato de confrontación política basado, según sostuvo, en informaciones que no se corresponden con la realidad administrativa del expediente.
Durante su intervención insistió en que el Ayuntamiento conoció el contenido técnico del proyecto cuando la Junta de Andalucía publicó la autorización ambiental integrada el pasado 26 de mayo, momento a partir del cual comenzaron las alegaciones municipales.
También defendió que la Corporación debía transmitir un mensaje claro a los vecinos: que no permitirá nuevas industrias que generen molestias en Baena, al tiempo que reclamó trabajar conjuntamente para encontrar soluciones a la gestión de los subproductos del olivar sin perjudicar al municipio.
Serrano responde a las acusaciones y promete utilizar todas las competencias municipales
La alcaldesa cerró un debate que se prolongó durante varias horas respondiendo a las críticas de PP y Vox.
María Jesús Serrano negó haber ocultado información en ningún momento y explicó que los informes de compatibilidad urbanística constituyen un trámite reglado que no autorizan ni recalifican terrenos, sino que únicamente certifican si un determinado uso resulta compatible con el planeamiento vigente.
Asimismo, defendió que el Ayuntamiento ha actuado conforme avanzaba el procedimiento administrativo, recordó que ya se han presentado alegaciones al expediente ambiental y confirmó que el Plan Especial para regular las energías renovables ya está en marcha.
En uno de los momentos más destacados del debate, la alcaldesa lanzó un mensaje que resumió el posicionamiento del equipo de gobierno:
“Mientras sea alcaldesa de Baena no habrá licencia para industrias molestas que perjudiquen la salud y la calidad de vida de los vecinos.”
Con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento de Baena traslada oficialmente su rechazo a la implantación de la planta de biometano en los términos planteados y reclama a la Junta de Andalucía la paralización cautelar de estos proyectos hasta que exista un marco normativo específico. Todo ello en un contexto de creciente movilización social, con una ciudadanía que ha convertido esta infraestructura en el principal foco del debate político y vecinal del municipio.
