La polémica en torno al proyecto de planta de biometano previsto en Baena da un nuevo paso. GRODEN–Ecologistas en Acción ha registrado una propuesta formal ante el Ayuntamiento para solicitar la convocatoria de una consulta popular que permita a los vecinos pronunciarse sobre una de las iniciativas industriales que más debate ha generado en los últimos meses en el municipio.
La organización ecologista considera que la decisión trasciende el ámbito estrictamente técnico o administrativo y afecta directamente al futuro modelo de desarrollo de la localidad. Por ello, plantea que sea la ciudadanía quien tenga la última palabra sobre una infraestructura que, a su juicio, puede tener importantes consecuencias ambientales, económicas y territoriales.
La propuesta llega en un momento especialmente sensible. Mientras la empresa promotora continúa avanzando en los procedimientos administrativos necesarios para la implantación de la planta, el debate social sobre los beneficios y riesgos del proyecto se ha intensificado, especialmente tras la publicación de diversa documentación relacionada con la futura red de gas para la inyección de biometano y los estudios ambientales vinculados a la iniciativa.
El olivar, en el centro del debate
En su escrito, Ecologistas en Acción sitúa al olivar como uno de los principales argumentos de fondo. La organización recuerda que Baena es un referente oleícola de la provincia de Córdoba y que su economía, paisaje, identidad cultural y estructura social están estrechamente ligados a este cultivo.
Según el colectivo, cualquier proyecto industrial de gran dimensión debe analizarse teniendo en cuenta el impacto que podría tener sobre un territorio cuya imagen y actividad económica están asociadas históricamente al sector olivarero.
La entidad defiende que la transición hacia modelos de economía circular es necesaria, pero sostiene que esa transformación debe construirse priorizando los recursos generados en el propio municipio y minimizando la dependencia de residuos procedentes de otros territorios.
Tráfico pesado, olores y protección del agua
Entre los aspectos que motivan su petición, GRODEN señala varios de los impactos que considera necesario debatir públicamente antes de tomar una decisión definitiva.
La organización advierte de un posible incremento del tráfico pesado por caminos rurales debido al transporte de materias primas y residuos, así como de la generación de emisiones odoríferas asociadas al funcionamiento de este tipo de instalaciones.
Además, menciona posibles riesgos relacionados con filtraciones, vertidos accidentales o afecciones a los acuíferos, junto con el impacto paisajístico que podría producir una infraestructura de estas características en un entorno eminentemente agrícola.
Los ecologistas sostienen que la calidad ambiental del territorio constituye uno de los principales activos estratégicos de Baena y consideran que cualquier actuación susceptible de modificar ese equilibrio debe contar con un amplio respaldo social.
Una consulta popular como vía de participación
La propuesta registrada se apoya en la legislación que regula las consultas populares municipales. Ecologistas en Acción argumenta que la trascendencia ambiental, económica y estratégica del proyecto reúne los requisitos necesarios para someter la cuestión a la opinión de los vecinos.
La pregunta planteada por la organización es directa:
“¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Baena autorice, dentro de sus competencias municipales, la instalación de una planta de biogás en el término municipal?”
El procedimiento requeriría la aprobación municipal y la posterior autorización del Gobierno de España para su convocatoria.
“No es un no al biogás”
Uno de los aspectos que más enfatiza el colectivo es que su iniciativa no pretende convertirse en una oposición absoluta a esta tecnología energética.
En el documento remitido al Ayuntamiento, GRODEN insiste en que su planteamiento busca abrir un debate sobre qué modelo de economía circular desea desarrollar Baena en el futuro. La organización defiende la prioridad de utilizar residuos propios del municipio, proteger el olivar y garantizar la conservación del agua y del suelo agrícola.
Asimismo, considera que una consulta popular podría aportar estabilidad política, reducir la conflictividad social y reforzar la transparencia institucional, independientemente del resultado que finalmente arrojen las urnas.