Ecologistas en Acción alerta sobre la planta de biometano y convoca un acto informativo abierto a la ciudadanía
Ante el anuncio de la futura instalación de una planta de producción de biometano en el término municipal, Ecologistas en Acción ha decidido dar un paso al frente. La organización celebrará el próximo viernes 13 de febrero, 19:00 horas, un acto informativo abierto al público en la Casa de la Cultura, con el objetivo de explicar los pormenores del proyecto, despejar dudas y trasladar a la ciudadanía las principales preocupaciones detectadas tras analizar la documentación disponible.
La convocatoria llega después de que el colectivo haya presentado más de veinte alegaciones durante el periodo de información pública del Proyecto de Actuación Extraordinaria en suelo rústico para la instalación de la planta en los parajes de Amarguilla y La Pilica, promovida por Hojiblanca Biometano, vinculada al grupo El Tejar. Además, Ecologistas en Acción se ha personado como parte interesada en el expediente administrativo.
Tecnología sí, pero con información y garantías
Desde la organización ecologista subrayan que no rechazan la digestión anaerobia como tecnología para el tratamiento de residuos. Reconocen, de hecho, la problemática ambiental que generan subproductos agroalimentarios como el alperujo o las deyecciones ganaderas y recuerdan que, a pequeña escala, este tipo de instalaciones ha demostrado beneficios ambientales y sociales en el ámbito local.
El núcleo de las alegaciones, sin embargo, se centra en la forma en que se plantea el proyecto. A juicio del colectivo, la información facilitada tanto por la empresa promotora como por la administración municipal resulta escasa y poco detallada, una circunstancia que consideran especialmente relevante al tratarse de una iniciativa ligada a un grupo empresarial con antecedentes de conflictos ambientales, relacionados con emisiones, humos y olores que han afectado no solo a vecinos del municipio, sino también de localidades próximas.
Dudas urbanísticas y riesgo de “área industrial encubierta”
Uno de los puntos más críticos señalados por Ecologistas en Acción es el encaje urbanístico del proyecto. La entidad sostiene que la iniciativa podría vulnerar distintos apartados del RGLISTA, el Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. En este sentido, advierten de un posible fraude de ley al implantar lo que consideran un área industrial encubierta en suelo rústico y con déficit de infraestructuras básicas, por lo que entienden que debería tramitarse un Plan Parcial de Ordenación para la creación de un nuevo sector urbanizable.
Proximidad al núcleo urbano y afecciones reconocidas
La cercanía al casco urbano, situado a apenas 2,2 kilómetros, es otro de los factores que despierta inquietud. El propio proyecto reconoce la posibilidad de concentración de olores en el entorno inmediato debido al tratamiento de alperujo, estiércoles y purines. Para los ecologistas, este riesgo se ve agravado por la magnitud de la instalación, que ocuparía una superficie superior a 12 hectáreas, sin que se planteen alternativas de ubicación que minimicen el impacto visual y olfativo, tal y como exige el análisis de alternativas del procedimiento administrativo.
Las medidas correctoras propuestas —naves cerradas y biofiltros— son consideradas insuficientes para el volumen de residuos previsto, pese a que el propio estudio ambiental califique el impacto como “moderado”.
Tráfico pesado y caminos no preparados
El proyecto contempla el transporte constante de deyecciones ganaderas desde explotaciones de la zona. Según Ecologistas en Acción, no existen suficientes explotaciones en la comarca para abastecer la planta, lo que implicaría un aumento del tráfico pesado por caminos rurales y vías pecuarias no dimensionadas para este uso. Esto podría traducirse en problemas de seguridad para los vecinos y en un deterioro de la infraestructura pública, sin que se concrete una compensación clara por parte de la empresa promotora.
Llamamiento a la participación y a la prudencia institucional
Con “muchos interrogantes aún sin resolver”, la organización considera legítima una oposición social prudente y pide al Ayuntamiento que no facilite la ejecución del proyecto mientras no exista información suficiente, contrastada por expertos independientes. Reclaman, además, la puesta en marcha de un proceso participativo real, abierto al conjunto de la sociedad, que permita a la ciudadanía tomar decisiones informadas sobre una actuación con impacto directo en el territorio.
