Baena se suma al plan estatal para construir y rehabilitar casi 2.000 viviendas protegidas en Córdoba
El Gobierno de España ha anunciado una inversión de 17,6 millones de euros en la provincia de Córdoba destinada a la construcción y rehabilitación de 1.927 viviendas de protección pública, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El programa, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, los ayuntamientos implicados y otras entidades colaboradoras, busca mejorar el acceso a la vivienda y promover la regeneración urbana en distintos municipios del territorio.
Entre las localidades que se beneficiarán de esta inversión se encuentra Baena, que figura dentro del grupo de 17 municipios cordobeses donde se llevarán a cabo obras de nueva construcción, junto con otros como Aguilar de la Frontera, Hornachuelos, Fuente Palmera, La Carlota o Iznájar. En total, se prevé edificar 93 viviendas protegidas en estas zonas, con una financiación estatal de más de 3,7 millones de euros.
Estas actuaciones tienen como objetivo ampliar la oferta de alquiler asequible en municipios de tamaño medio y zonas rurales, en un contexto donde la demanda de vivienda accesible sigue siendo una prioridad para muchas familias.
Mayor inversión para la capital
Por su parte, el grueso del presupuesto se concentrará en la rehabilitación de 1.834 viviendas en Córdoba capital, concretamente en barrios como Parque Figueroa, Polígono Guadalquivir y Santuario, así como en el edificio de alquiler para personas mayores ubicado en la calle Joaquín Sama Naharro. Para estas intervenciones, el Gobierno ha destinado más de 13,8 millones de euros, enfocados principalmente en mejorar la eficiencia energética de los edificios, la accesibilidad y el entorno residencial.
Inversión total de más de 38 millones
A la aportación estatal se suma la financiación de otras entidades, alcanzando una inversión total de 38,4 millones de euros en la provincia. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad habitacional, sino que también pretende dinamizar el sector de la construcción, generar empleo y afrontar el reto demográfico que afecta especialmente a municipios de interior.
El Ministerio de Vivienda ha destacado que esta actuación forma parte de una estrategia más amplia que busca garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho social, al tiempo que contribuye a equilibrar el desarrollo territorial en toda España.
