Andrés Lorite responde al “basurazo” anunciado por María Jesús Serrano recordándole que ella es responsable directa de la subida de la tasa de basura
El vicepresidente de la diputación de Córdoba, Andrés Lorite, acusaba a la alcaldesa de la localidad, María Jesús Serrano de ser responsable de la importante subida de las tasas de recogida de basura al apoyar, con su voto, la ley presentada por el gobierno de Sánchez para la gestión de residuos y suelos contaminados.
Profundamente indignado, decía encontrarse el señor Lorite, por el agujero económico que la Ley de Sánchez, ha causado en la empresa pública Epremasa, que en el año 2023 ha sido de 4,5 millón es de euros y que seguirá generando una deuda de 4,5 millones de euros cada año, “agujero económico que hay que pagar al gobierno de Sánchez a consecuencia de esa ley de residuos que contó con el voto favorable de la senadora Serrano”.
El presidente de Epremasa recordaba que, ” con la gestión del partido popular en la empresa durante el periodo 2011-2015, Epremasa tenía un superávit de 5 millones de euros. En cambio, a la salida de partido socialista de la Diputación ha dejado un déficit en esta empresa de 7 millones de euros, un desastre económico del partido socialista”.
Lorite daba a conocer que a su llegada a la presidencia de Epremasa se encontró con un informe del director financiero, donde daba cuenta del déficit de explotación que tenía la empresa en el 2023 de 7 millones de euros, que se convertirá en 9,6 millones de euros en el 2024 y que provocaría la quiebra técnica de empresa en el 2025, “si no se toman medidas lo que obligaría a dejar de prestar un servicio público esencial. Un informe que es público para todos los miembros de la Diputación, así como para los alcaldes y alcaldesas de la provincia. La imposición del impuesto a los vertederos genera el 60% del déficit de la empresa”.
“Epremasa paga al gobierno de España 4,5 millones de euros adicionales por esta ley, que además debe repercutirse en los contribuyentes”, remarcaba el vicepresidente de la Diputación.
Según Lorite esta Ley ha tenido las valoraciones negativas de diversas instituciones estatales como el Consejo de Estado Banco de España, FEMP que pedía una moratoria, que no ha tenido en cuenta el Gobierno de España.
Finalizaba su intervención, el político del partido popular, indicando que la Diputación cumplirá con el soterramiento de los contenedores que no ejecutó la anterior corporación “de los 8,8 millones de presupuesto que tenía, solo han ejecutado un 6% del mismo. El Partido Popular llevará a cabo este soterramiento pendiente desde el 2021”.
