AMBAR exige al Ayuntamiento intervenir el contrato de limpieza de Baena tras las sanciones de la Inspección de Trabajo

Las irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en la empresa que presta el servicio de limpieza viaria han abierto un nuevo frente en la gestión municipal. AMBAR ha reclamado al Ayuntamiento de Baena una actuación inmediata para depurar responsabilidades y verificar si el contrato se está ejecutando conforme a las obligaciones laborales y sociales recogidas en el pliego.

La entidad considera que estos hechos trascienden el ámbito interno de la empresa adjudicataria y afectan directamente al cumplimiento de las obligaciones recogidas en el contrato público. Por ello, exige al equipo de gobierno municipal que ejerza sus competencias de control, seguimiento y, en su caso, sanción, ante lo que define como una “quiebra del objeto social” del contrato.

Según explica AMBAR, la denuncia fue trasladada formalmente durante la última reunión de la Mesa Local de Diversidad Funcional, órgano que, de acuerdo con su reglamento, tiene entre sus funciones el seguimiento de las políticas relacionadas con el empleo de las personas con discapacidad. La asociación sostiene que el servicio no se está prestando conforme a las condiciones establecidas en el pliego y reclama acceso a toda la información necesaria para verificar su correcto cumplimiento.

Dos sanciones y un requerimiento

El núcleo de la reclamación se basa en las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que, según detalla la organización, han derivado en dos sanciones administrativas y un requerimiento por incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales. Para AMBAR, estas resoluciones evidencian una vulneración de las obligaciones asumidas por la empresa adjudicataria, ya que el pliego técnico establece expresamente la obligación de cumplir durante toda la vigencia del contrato con la normativa en materia de seguridad y salud laboral.

La asociación va más allá y sostiene que el contrato de limpieza no puede evaluarse únicamente por el resultado material del servicio, es decir, por la limpieza de las calles, sino también por el cumplimiento de las cláusulas sociales incorporadas a la licitación. En este sentido, recuerda que el contrato contempla procesos de inserción sociolaboral dirigidos a colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo, entre ellos personas con discapacidad.

“Si la empresa vulnera los derechos básicos de seguridad y salud de los trabajadores, el fin de inserción social se vuelve imposible”, argumenta la entidad, que considera incompatible la finalidad social del contrato con la existencia de sanciones vinculadas precisamente a la protección de los trabajadores.

El foco se sitúa sobre la responsabilidad municipal

AMBAR rechaza que el Ayuntamiento pueda desvincularse de la situación alegando que las sanciones afectan exclusivamente a la empresa adjudicataria. La asociación recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones contratantes a velar por el cumplimiento de las obligaciones sociales y laborales por parte de las empresas que gestionan servicios públicos.

Además, señala que el propio pliego considera falta grave la ausencia de los elementos de seguridad necesarios para la prestación del servicio. A juicio de la organización, la acumulación de dos sanciones y un requerimiento podría incluso encajar en un supuesto de reiteración de infracciones graves, una circunstancia que, según advierte, podría derivar en consecuencias contractuales de mayor alcance.

Reclaman una actuación urgente

Ante esta situación, la asociación ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento del contrato para analizar las actas emitidas por la Inspección de Trabajo y determinar las medidas que correspondan. Asimismo, reclama la activación inmediata del régimen de penalizaciones previsto en el pliego por los incumplimientos relacionados con la seguridad de los trabajadores.

En su comunicado, firmado por su presidente, Antonio Jiménez Sánchez, AMBAR subraya que las cláusulas sociales incluidas en los contratos públicos deben tener una aplicación real y efectiva. La entidad defiende que la gestión de los recursos públicos debe garantizar tanto la calidad del servicio como el respeto a los derechos laborales de las personas que lo prestan, especialmente cuando se trata de contratos diseñados para favorecer la inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables.