En el salón de la Casa de la Cultura de Baena no solo se presentó un libro: se abrió, con nombres y apellidos, el expediente de una herida que España lleva demasiado tiempo aplazando. El historiador Antonio Barragán Moriana, catedrático de Historia Contemporánea jubilado de la Universidad de Córdoba, dio a conocer su obra “La aniquilación de la democracia municipal republicana. Córdoba 1936 – 1942”, una investigación que pone el foco donde pocas veces se mira: en los alcaldes y concejales republicanos convertidos en objetivo prioritario de la represión franquista.
Una presentación entre amigos… y memoria incómoda
El acto estuvo introducido por Carlos Arenas, vicepresidente del Ateneo, y por Manuel Pérez Pérez.
El exalcalde de Baena, Carlos Arenas, presentaba a Pérez como un amigo desde hace 65 años y como compañero de una larga travesía política y vital.
Arenas recordó los años setenta, cuando ambos contribuyeron a levantar en Baena un partido de los llamados marxista-leninistas, en plena agonía del franquismo. Entre anécdota y anécdota, dejó caer una frase que planeó sobre toda la velada: “Ese tipo de amistades, leales durante 65 años, es lo que habría que cultivar hoy en la gente joven”.
No era nostalgia gratuita. El hilo de esa lealtad atraviesa también el libro de Barragán: la lealtad de quienes defendieron la legalidad republicana desde los ayuntamientos y pagaron por ello con su vida, su libertad o su patrimonio.
¿Quién es Antonio Barragán y por qué este libro importa ahora?
Manuel Pérez Pérez explica que Antonio Barragán no llega a este tema de improviso. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Autónoma de Madrid, profesor e investigador incansable, y lleva más de dos décadas buceando en los archivos para reconstruir la represión franquista en Andalucía, especialmente en Córdoba.
Su nueva obra cierra una trilogía imprescindible para entender el siglo XX andaluz:
- Control social y responsabilidades políticas (2008), donde analizó la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, destinada a arrasar el patrimonio de las familias republicanas.
- El botín de guerra en Andalucía, trabajo colectivo que documenta el auténtico saqueo económico sobre los vencidos.
- Enterado. Justicia militar de guerra en Córdoba (2022), centrado en los consejos de guerra que condenaron al menos a 11.500 personas en la provincia, cifra que hoy ya supera las 14.000 a medida que avanza la investigación.
coloca en el centro a los alcaldes y a los ayuntamientos como blanco preferente de esa llamada “justicia militar de guerra”.
Y Barragán no elige las palabras al azar: recuerda que incluso Serrano Suñer, cuñado de Franco, reconoció que aquello fue una “justicia al revés”: se acusó de rebelión militar a quienes defendieron el orden constitucional, mientras los verdaderos sublevados dictaban las sentencias.
Córdoba, laboratorio de una democracia destruida
El libro se concentra en la provincia de Córdoba, pero el autor lo deja claro: lo que muestra es perfectamente homologable a lo que ocurrió en otras provincias andaluzas y españolas.
Barragán reconstruye un dato estremecedor:
- Entre julio de 1936 y febrero de 1937, antes incluso de que existiera un tribunal militar formal, fueron ejecutadas entre 2.300 y 2.500 personas en la provincia, sin expediente ni sumario.
- A partir de febrero de 1937, con la creación del Consejo de Guerra Permanente de Córdoba y de tribunales militares comarcales, la represión se “legaliza” sin dejar de ser arbitraria.
En el caso de los alcaldes, la cifra habla por sí sola:
- 14 alcaldes ejecutados en aplicación del bando de guerra antes de febrero de 1937.
- 65 condenados a muerte después en consejos de guerra, de los que 52 fueron finalmente fusilados y 13 vieron conmutada la pena por prisión.
- Otros alcaldes murieron en la cárcel, marcharon al exilio o fueron condenados a larguísimas penas de reclusión.
Lo decisivo no es solo el número, sino el diagnóstico: en la mayoría de los sumarios no aparecen probados delitos de sangre. Lo que se castiga no es un crimen concreto, sino haber sido alcalde, dirigente sindical, militante republicano o comisario político del Ejército Popular. Ser la cara visible de la democracia a nivel local.
La tesis de fondo: la República no se suicidó, fue aniquilada
Como buen historiador, Barragán ordena primero el paisaje de interpretaciones sobre la Segunda República:
- La visión franquista, que presenta la República como caos permanente y justifica el golpe de Estado como “salvación”.
- La tesis de la equidistancia, popular durante la Transición, que sostiene que la República fue tan ambiciosa en sus reformas que “se suicidó” y que, una vez estallada la guerra, “el infierno fuimos todos por igual”.
- La interpretación que él asume:
- La Segunda República fue la primera democracia española del siglo XX, con problemas similares a las democracias de Francia, Italia o Reino Unido en los años treinta.
- Intentó afrontar los grandes retos pendientes: reforma agraria, papel del Ejército, la Iglesia, la educación, la estructura económica y social.
- No se suicidó: fue destruida por una sublevación militar apoyada por sectores civiles bien organizados.
Desde esa mirada, el título del libro cobra pleno sentido:
La República no fue un desorden que justificara un golpe; fue una democracia aniquilada. Y uno de los campos donde esa aniquilación fue más visible fue el de la política municipal.
Los alcaldes y concejales republicanos, explica Barragán, eran los traductores a pie de calle de las políticas agrarias, sociales, económicas y culturales del nuevo régimen. Golpearles a ellos era destruir la posibilidad misma de una democracia en los pueblos.
Baena en el espejo: del alcalde republicano a la sombra del golpe
En Baena, los nombres propios colocan la historia en el mapa:
- Antonio de los Ríos Urbano, abogado, periodista, fundador del periódico La Defensa, militante socialista, fue alcalde durante la República y en el Frente Popular. Trató de dimitir dos veces, el 3 y el 13 de julio de 1936, ante el clima de tensión social, pero su dimisión no fue aceptada.
Cuando se produce el golpe, ya no está en el municipio; se refugia en Cabra, donde su esposa, maestra, también será depurada. Vivirá un exilio interior, entre destinos docentes y silencios impuestos, hasta fallecer en 1947 durante una visita a Baena. - En el otro extremo, Barragán señala a Pascual Sánchez Ramírez como pieza clave de la sublevación y la represión en Baena, ejemplo concreto de esos “victimarios” que el libro identifica con nombre y apellido.
La historia local deja de ser rumor o leyenda familiar: se convierte en archivo, documento, prueba.