Justicia independiente

          Nos recordaba el expresidente José María Aznar, con esa deslumbradora retórica narcisista que le caracteriza, el pasado 19 de mayo, a raíz de la imputación del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que, «La justicia en España es independiente y por eso existen intereses para cargar contra ella y cargarse así “nuestro” Estado de Derecho. Nunca mejor dicho “su” Estado de Derecho, el que ha mantenido y sigue manteniendo con consignas como aquella de, «el que pueda hacer, que haga», o esa otra del tarambana mequetrefe Miguel Ángel Rodríquez con su “p’alante”, que tan buen resultado le está dando al PP acaudillado por Aznar desde la Fundación FAES. Que la justicia sea independiente debiera ser un deber de ineludible cumplimiento para toda la judicatura española, porque es en esa independencia y su administración equitativa donde radica la esencia del poder judicial, y, sobre todo, la que marca la confianza del ciudadano en ella. Nadie debe estar por encima de ese principio básico de la presunción de inocencia que solo podrá ser juzgado y condenado, en su caso, si se ha demostrado la culpabilidad con pruebas irrefutables y nunca por conjeturas, sospecha o recortes de prensa. Que la justicia investigue no es el problema, lo que sí lo es viene de extrapolar los términos indicios por condena, y a las pruebas me remito. ¿Cómo se puede, desde el auto preliminar a declaraciones e investigaciones de más entidad, escribir que existe una trama criminal, que el líder de esta trama es el expresidente Zapatero y que ha habido tráfico de influencias sin decir qué funcionario público se influyó?  Me temo que el ser un juez serio, como dicen es el juez Calama, nada tiene que ver para que haya protagonizado, como lo hizo el juez Hurtado con el Fiscal General del Estado, una actuación judicial   sobradamente tendenciosa al poner las tintas sobre la culpabilidad antes que sobre la presunción de inocencia. El colmo de este asunto es que, además, Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la sra. Gamarra, incluso el propio Feijoo, adelantaran la imputación con más de una semana de antelación al propio auto del juez. Y habría que preguntarse: ¿qué funcionario de la justicia española filtró la noticia, no hay castigo para quien filtra, dónde están las asociaciones de la justicia que no han movido un solo dedo en pro de la defensa de la transparencia judicial y el buen nombre de la misma?                                                                    

          En los últimos años, los ciudadanos están comprobando que la justicia actúa de manera incomprensible, alejándose de los principios fundamentales para una adecuada administración de la justicia, de la que nadie, absolutamente nadie debe dudar. Pero no es así. Suficientes casos lo ilustran, el más sangrante, el de García Ortíz, Fiscal General del    Estado que, sin prueba alguna, fue condenado recientemente por el Tribunal Supremo (el más alto Tribunal, también el más politizado e injusto, con jueces que se ríen y desprecian las leyes y la justicia), causando el estupor de la ciudadanía y de una gran mayoría de destacados jueces y magistrados españoles. Claro que la ciudadanía está preocupada por cómo se están comportando algunos jueces cuando se saltan a la torera el principio de presunción de inocencia, porque es de una gravedad incontestable al estar en peligro los propios cimientos del Estado de Derecho.                                       

           Tras la imputación del expresidente Zapatero, el PP ya lo está condenando antes de ser juzgado, incluso hay quien lo ha enviado a la cárcel directamente, creando así un estado de alarma innecesario que solo crea preocupación en la ciudadanía. Y no es para menos, porque sabiendo cómo se las gasta el PP, también Vox, donde el fenómeno de la corrupción no ha existido ni existe, ¿verdad?, no es de extrañar que, aunque no hallen pruebas para inculpar a Zapatero, lo condenen también. Lo peor de todo, lo que está pasando con la justicia en el entramado social de España es que se está implantando la desconfianza en el sistema judicial y esa inseguridad va en aumento y a veces presentada al ciudadano con un descaro que sobrepasa todas las líneas rojas de la profesionalidad e independencia del Poder Judicial. Han creado un monstruo difícil de vencer, una bestia que camina indiferente a los principios del derecho y que hace desangrarse al propio sistema. Nunca como ahora ha estado en entredicho la Administración de Justicia en España, nunca se ha tenido esta creciente sensación de inseguridad (confirmada por algunos de los procedimientos judiciales en desarrollo o conclusos), de absoluta indefensión, de menosprecio al principio de presunción de inocencia. Nunca antes se ha inculpado a un presidente o expresidente del Gobierno, aunque haya habido declaraciones de testigos que los inculparan claramente a ellos o a sus ministros, hasta hoy. Cuáles son las razones no lo sabemos, pero extraña que sea ahora, razones hay para sospechar que «el que pueda hacer, que haga”, o, «todos p’alante», se conviertan, desgraciadamente para todos los españoles, en las verdaderas pruebas de cargo para desestabilizar un país, y con ello, nuestro actual Estado de Derecho, conquistado con el esfuerzo y sacrificio de una gran mayoría de españoles que hubieron de padecer la falta de libertades y derechos por el peso de la implacable y terrible dictadura franquista.                                                         

          Permítame que disienta, sr. Aznar, porque no es usted, precisamente, quien puede darnos clases de honestidad, honorabilidad, españolidad, y menos de justicia; usted que nos condujo a una guerra con mentiras y falsedades; usted, que permitió tanto sufrimiento al pueblo español mintiendo sobre la autoría del atentado del 11M; usted que continua  creyéndose principio y fin del universo, autor compulsivo de bulos y embelecos, solo para satisfacer su alter ego. No, sr. Aznar, usted no en nombre de España y los españoles. Le aseguro, sr. Aznar que usted también será juzgado, es más, ya fue juzgado moralmente por muchos españoles honrados y justos, y también condenado, por traición a su patria. El problema principal del PP es que nunca aceptará que gobierne este país nadie que no sea el PP, y así lo vienen reiterando desde el minuto cero de esta legislatura cuando vocearon y aun lo siguen haciendo la ilegitimidad de este gobierno, y así el golpe con “el que pueda hacer, que haga”.                                                                                             Yo, como cualquier ciudadano de a pie, quisiera creer en la equidad de la justicia española a la hora de juzgar, pero cada vez me lo ponen más difícil y estoy más lejos de creer en ella.