El Pleno recupera el control sobre los proyectos en suelo rústico tras la polémica del biometano
El Ayuntamiento devuelve por unanimidad a la Corporación una competencia que había delegado en la Junta de Gobierno Local en 2024. El debate volvió a colocar la planta de biometano en el centro de la discusión política, en una sesión que también aprobó la Cuenta General de 2025 y una modificación presupuestaria cercana a los 100.000 euros.
La sesión se celebró, además, con una Corporación disminuida en número de concejales. En la bancada de Izquierda Unida quedaron vacíos los asientos de David Bazuelo y Cristina Vidal, ausentes del pleno, mientras que el Partido Popular mantenía sin cubrir el puesto dejado por Cristina Piernagorda tras su dimisión. Los populares sí incorporaron a José María Baena Molina, que tomó posesión como concejal para cubrir la vacante producida anteriormente por la dimisión de Javier Vacas.
El Pleno del Ayuntamiento de Baena volverá a decidir sobre las actuaciones extraordinarias que pretendan implantarse en suelo rústico. La Corporación aprobó por unanimidad dejar sin efecto la delegación realizada en 2024 a favor de la Junta de Gobierno Local, de manera que expedientes como el proyecto de actuación de la planta de biometano tendrán que regresar al salón de plenos cuando llegue el momento de adoptar una decisión municipal.
Fue el asunto con mayor carga política de una sesión ordinaria celebrada este jueves en la que gobierno y oposición volvieron a confrontar sus versiones sobre la tramitación de la planta proyectada en los parajes de La Amarguilla y La Pililla. El acuerdo, sin embargo, terminó reuniendo el voto favorable de todos los grupos.
El concejal de Presidencia, José Andrés García Malagón, explicó que la delegación se acordó para agilizar unos procedimientos que podían prolongarse durante meses y sostuvo que la fórmula había permitido sacar adelante expedientes que acumulaban retrasos. Según defendió, las actuaciones aprobadas por la Junta de Gobierno eran conocidas por los grupos municipales a través de las comisiones informativas.
La aparición del proyecto de biometano ha cambiado el escenario. García Malagón reconoció expresamente esa circunstancia al justificar el regreso de la competencia al Pleno. El gobierno municipal sostiene que quiere eliminar cualquier duda sobre la transparencia del procedimiento y aportar “la máxima seguridad jurídica”, aunque advirtió de que la decisión puede ralentizar la resolución de futuras iniciativas empresariales en suelo rústico.
La oposición vinculó directamente el cambio con la controversia abierta alrededor de la planta. VOX recordó que ya había cuestionado la delegación y diferenció entre el acceso de los concejales a los expedientes y que los asuntos sean sometidos al debate público de una sesión plenaria.
El Partido Popular también recibió favorablemente la recuperación de la competencia y volvió sobre las circunstancias en las que fue delegada. El debate acabó convirtiéndose en una nueva discusión sobre quién tiene responsabilidades en el procedimiento de la planta, los informes de la Junta de Andalucía y la capacidad municipal para resolver finalmente el proyecto.
La alcaldesa, María Jesús Serrano, defendió que la delegación de 2024 respondió exclusivamente a criterios de “celeridad y agilidad” y negó que pretendiera evitar el debate político. Serrano aseguró que, a partir de ahora, tanto el expediente del biometano como cualquier otra actuación extraordinaria en suelo rústico pasarán por el Pleno.
La regidora volvió también a cuestionar el informe favorable de incidencia territorial emitido por la Junta de Andalucía después de meses de espera y recordó que el expediente continúa pendiente de otros pronunciamientos sectoriales. El gobierno municipal mantiene su rechazo al proyecto en los términos conocidos hasta ahora y sostiene que ejercerá sus competencias urbanísticas dentro de la legalidad.
Cerca de 100.000 euros para tres actuaciones
Antes de ese debate, el Pleno aprobó también por unanimidad una modificación del presupuesto municipal próxima a los 100.000 euros destinada a tres necesidades.
Una de ellas es la adecuación del foso del campo de tiro para poder poner en funcionamiento una segunda máquina adquirida anteriormente. La delegada de Hacienda, Almudena Sevillano, concretó que la obra necesaria asciende a 23.483,38 euros. La máquina, que costó unos 18.000 euros, lleva alrededor de dos años en las instalaciones sin poder utilizarse porque el foso existente no permite su instalación.
Otra parte del dinero permitirá actuar sobre un problema de saneamiento en la calle Cañada que afecta, según explicó el gobierno municipal, a cuatro familias. Sevillano señaló que las aguas residuales discurren por el interior de las viviendas y que no se alcanzó un acuerdo con la empresa concesionaria para solucionar el problema, por lo que el Ayuntamiento ejecutará la actuación.
La tercera finalidad será ampliar el crédito destinado a las subvenciones culturales de concurrencia competitiva. Sevillano explicó que el incremento permitirá atender proyectos que han alcanzado puntuación suficiente y evitar que solicitudes empatadas queden fuera únicamente por los criterios de desempate.
Para financiar estas actuaciones se reducen diferentes partidas de turismo, empleo, educación e inversiones. Entre ellas figura la destinada a la reurbanización de la calle Juan el Latino. El gobierno aclaró que se mantiene dinero suficiente para redactar el proyecto, pero reconoció que la obra ya no podrá comenzar este año. Sevillano aseguró que la actuación deberá incorporarse a futuros presupuestos.
La Cuenta General abre el debate sobre las inversiones de 2025
La aprobación de la Cuenta General de 2025 provocó otro de los debates más extensos de la sesión. El documento había superado previamente la Comisión Especial de Cuentas y su periodo de exposición pública sin alegaciones.
VOX centró sus críticas en el grado de ejecución de las inversiones anunciadas en el presupuesto de 2025 y puso como ejemplos las viviendas de Reyes Católicos, el Plan de San Pedro o la calle Doctora Martínez Casado. Eduardo Molleda cuestionó también algunas previsiones de ingresos y sostuvo que determinados proyectos presupuestados todavía no se habían materializado.
El gobierno rechazó esa lectura. Almudena Sevillano explicó que los 6,4 millones inicialmente presupuestados para inversiones acabaron convirtiéndose durante el ejercicio en 14,5 millones mediante incorporaciones, subvenciones y modificaciones presupuestarias. La delegada reconoció que es necesario agilizar la ejecución de las obras, pero defendió que una parte importante se encontraba comprometida aunque todavía no estuviera materialmente terminada y pagada al cierre del ejercicio.
Durante este punto se produjo también el regreso al salón de plenos de José María Baena Molina, que tomó posesión como concejal del Partido Popular tras la salida de Javier Vacas. Baena intervino precisamente en el debate económico y puso el foco en los proyectos pendientes y en la diferencia entre las cifras contables y su repercusión efectiva sobre los distintos barrios.
El gobierno anunció además movimientos inmediatos en dos de las inversiones que protagonizaron la discusión. Sevillano avanzó que las obras de Reyes Católicos están próximas a comenzar y que, después de la feria, está previsto celebrar un pleno extraordinario y urgente para aprobar los préstamos destinados tanto a esa actuación como a la primera fase del barrio de San Pedro.
43.000 euros para pagar servicios sin contrato vigente
La Corporación dio también luz verde a un reconocimiento extrajudicial de obligaciones por unos 43.000 euros. Se trata de facturas correspondientes a servicios cuyos contratos están caducados o inmersos en procesos de licitación, entre ellos el autobús urbano, vigilancia, limpieza, extintores o ascensores.
La delegada de Hacienda defendió el procedimiento para permitir que las empresas puedan cobrar los servicios ya prestados. Sevillano señaló que el contrato de alarmas de los edificios municipales ya está adjudicado y en sus últimas fases, por lo que confía en que esas facturas dejen de aparecer en próximos reconocimientos extrajudiciales.
VOX mantuvo su criterio habitual y se abstuvo al considerar legal el mecanismo pero no la fórmula óptima de contratación. El PP manifestó que no impediría el pago a las empresas que han realizado los trabajos.
