Baena recibirá fondos de la Junta para reforzar los servicios sociales comunitarios en 2025

La Junta de Andalucía ha publicado en el Boletín Oficial (BOJA) la orden que regula la distribución de 67,5 millones de euros entre entidades locales andaluzas para financiar el funcionamiento de los servicios sociales comunitarios durante el ejercicio 2025. Dentro de este reparto, la provincia de Córdoba recibirá 6,5 millones, destinados a la Diputación y a ocho municipios de más de 20.000 habitantes, entre los que se encuentra Baena.

Esta financiación, gestionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios sociales municipales, asegurar la atención a los colectivos más vulnerables y reforzar los equipos profesionales que trabajan en este ámbito.

En el caso de la provincia de Córdoba, los municipios que recibirán estos fondos son: Baena, Córdoba capital, Lucena, Cabra, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil. Todos ellos cumplen con el criterio poblacional establecido en la orden (más de 20.000 habitantes).

Esta asignación permitirá reforzar las estructuras municipales de atención social, con especial atención a la Renta Mínima de Inserción Social, la prevención de situaciones de exclusión y el apoyo a familias e infancia.

Refuerzo a los equipos profesionales

Los fondos servirán para financiar:

• Contratación de personal especializado: educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos y, en caso necesario, profesionales del ámbito jurídico.
• Acciones formativas para los equipos y las familias atendidas.
• Materiales y recursos de apoyo para la intervención social.

Asimismo, parte de la financiación se destinará al programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con el objetivo de prevenir, detectar y actuar ante situaciones de violencia infantil en el ámbito familiar o comunitario.

Una red social extensa y consolidada

Andalucía dispone actualmente de la mayor red de servicios sociales comunitarios del país, con 251 centros distribuidos por todo el territorio y más de 50.000 profesionales en activo, de los cuales el 95 % son mujeres. La inversión aprobada garantiza el mantenimiento de esta red y el desarrollo de acciones dirigidas a la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de la infancia.